POR RODRIGO VALENCIA VALENCIA.
En cuarentena. Escrito N° 8
Desde la isla Libertad: Sin partido político, sin atadura religiosa.
El presupuesto de la salud pública en Colombia administrado por la empresa privada, quedó igual que coronavirus en espuma de jabón.
Para iniciar aclaramos que el neoliberalismo es un nefasto bloque de ideas antisociales, económicas y políticas que impiden la participación del estado en la economía de cada país; esto bien lo saben los economistas. Una de sus características es atacar con tenacidad la seguridad social de los ciudadanos hasta acabarla, a cambio de privatizar las instituciones públicas; siendo la salud pública un codiciado manjar para tal fin. Lo cual es sumamente grave. Ya veremosel por qué.
Fueron el neoyorquino Milton Friedman y el austriaco Friedrich Von Hayek quienes avanzada la primera mitad del siglo XX, estructuran las ideas básicas del neoliberalismo. Hayek desarrolla la Teoría económica del estado mínimo, de la cual se favorece fundamentalmente un pequeñísimo grupo de personas que son todos los multimillonarios del planeta, los dueños de los bancos, los propietarios de colosales consorcios económicos en cada nación, y de empresas transnacionales. Dicha teoría, en la práctica, anula poco a poco el bienestar social de los ciudadanos de clase media y de los más pobres y desposeídos que son de personas en cada país.
No es nuevo decir que en Colombia esos poderosos personajes, muchos de ellos mafiosos, financian campañas de los presidentes electos y cada uno se compromete a dar continuidad al programa neoliberal ya iniciado; expidiendo leyes y normas que han resultado cruelmente lesivas para la salud, la vida y otros derechos de los ciudadanos. En este texto centraremos la atención parcialmente en el derecho a la salud.
Las catastróficas ideas neoliberales, en las últimas décadas han sido llevadas a la práctica en Colombia por cada mandatario, con sus ministros de Hacienda, apoyados por congresistas corruptos. Fue así como en 1993 el supremo abyecto Álvaro Uribe Vélez, en el gobierno de César Gaviria, tuvo la aciaga idea de presentar al Congreso de la República el proyecto de la ley 100, que fue aprobada a pesar de las voces que en ese momento levantaron diversos sectores sociales en su contra; entonces se prendió el motor de la privatización de la salud; aparecieron las EPS incrementándose el deterioro gradual en la prestación de este servicio por parte del estado.
En este modelo económico, el estado como no puede tener leyes efectivas que controlen realmente la economía privada, y las EPS son negocios privados, los acontecimientos económicos fluyen libremente; por eso ahora que el coronavirus está en escena, vimos varias veces sin autoridad a Iván Duque, el dudoso jefe de estado, arrodillado ante los poderosos dueños de las EPS y de los bancos, suplicándoles a los primeros que entreguen insumos y dotación de bioseguridad para médicos y el personal que trabaja en salud y, a los segundos que entreguen préstamos blandos a campesinos y pequeños y medianos empresarios, a pesar de que gran parte de los billones que administran las EPS y todos los que entregó en el mes de abril de 2020 a los bancos, pertenecen al erario público; pero el mandato neoliberal prohíbe al estado manejar estos recursos e intervenir en la economía, aunque buena parte de ese dinero es producto de los impuestos que pagamos los colombianos.
A la idea de no intervención del estado en la economía, se suma otra que en épocas normales y más aún en tiempos de pandemia resulta abominable; es la idea que defiende una sucia competencia económica entre los ciudadanos y entre las empresas. Esto aplicado al campo de la salud indica que si usted no pueda competir con base en su salario pagando de su bolsillo costosos tratamientos médicos o cirugías para aliviar sus enfermedades, estará condenado a tomar aspirina e ibuprofeno hasta morir como le sucede a los más pobres en hospitales y en puertas de E.P.S; es decir, en Colombia todas las personas tenemos que competir económicamente y de forma eficaz para poder pagar un buen servicio, porque gobiernos corruptos amangualados con mafiosos han hecho la inhumana tarea neoliberal de entregar el dinero de la salud a la empresa privada, de acabar el Seguro social y privatizar hospitales, convirtiendo el derecho universal a la salud de los colombianos en un rentable negocio para aquellos mercaderes.
Si antes de la pandemia, lo normal es ver a las EPS, como por ejemplo, Cosmitet Quindío, que niega medicamentos o demora su entrega, o con astucia evita tratamientos, procedimientos y cirugías que necesitan los pacientes para la prevención y curación de sus enfermedades; no contratan los especialistas necesarios, pagan injustos sueldos a todo el personal de la salud, agobian a los médicos con extenuantes jornadas de trabajo y, además tácita o expresamente en sus contratos les prohíben ejercer con ética su profesión, pudiendo solo recetar la droga y mandar los procedimientos que los dueños de las EPS autoricen, porque si el galeno hace lo correcto el negocio no les funciona. Ahora con la llegada del coronavirus la situación empeorará cuando gran parte de la población sea portadora del virus; hondando la mayor catástrofe de la salud en Colombia, que tiene sus orígenes en el virus neoliberal que invadió el sistema.
Es obvio que mientras las EPS menos gasten en medicamentos, en cirugías y otros procedimientos y en pagos de justos salarios, más dinero gana sus multimillonarios dueños. Esa es la lógica de la privatización. Por eso la ley 100 de salud y el neoliberalismo no nos sirven. Esto lo demuestran miles de tutelas que entablan los colombianos del POS contributivo. Peor es la situación para los más pobres que solo tienen Sisben.
Por ser la privatización de la salud un lucrativo negocio, la mayoría de hospitales y clínicas del país carecen del personal médico necesario, de insumos básicos y de adecuada dotación en las unidades de cuidados intensivos para atender pacientes que lleguen sufriendo de esta nueva enfermedad llamada covid-19; o de cualquier otra. Pero la situación más deprimente está en las regiones apartadas y olvidadas por los gobiernos, como El Chocó, la Guajira, Amazonas, Tumaco, Puerto Carreño y todo el Vichada, por solo mencionar unas pocas.
En Estados Unidos la salud también está privatizada; a pesar de que ostentan ser el país más rico del planeta, miles de personas mueran cada día, igual que en Europa; pues son víctimas no tanto de la pandemia sino del nefasto sistema neoliberal que impide a todos los estados la adecuada inversión en salud y seguridad social. En este sentido el modelo económico neoliberal es un letal asesino que debemos seguir atacando con ideas.
Esta reprochable situación ha hecho que la gente constantemente se manifieste expresando de diversas formas su gran inconformidad a través de plantones, multitudinarias marchas, artículos de prensa que denuncian el problema, paros, huelgas, grafitis, humor, mensajes en las redes y otras formas de expresión. Sin dar solución real a la problemática en salud, los gobiernos siempre contestan intimidando a los ciudadanos con represión policial, asesinatos de estado que quedan en la impunidad, desapariciones de personas, despidos laborales y mensajes por la tv y la radio, donde presentan a los manifestantes como si fueran guerrilleros, desadaptados sociales, o peligrosos delincuentes que atentan contra el orden establecido. Así es como coartan el derecho fundamental que tienen las personas de expresarse libremente contra las injusticias sociles, sin necesariamente pertenecer a partidos políticos o a determinadas ideologías. El neoliberalismo también ha sido llamado capitalismo cavernario o capitalismo salvaje porque no está regido por leyes de estado. Prefiero llamarlo capitalismo salvaje depredador y asesino; pues en la práctica éste modelo económico realmente sirve para enriquecer más y más a los hombres inmensamente ricos de cada nación, que son quienes con sus megaproyectos destruyen la flora, la fauna, la capa vegetal, la capa de ozono, contaminan mares, ríos y todo el planeta, en detrimento de la salud y la vida de todos los seres vivos, con el fin de alcanzar sus maquiavélicos intereses económicos. No somos todos los humanos depredadores de la Madre naturaleza; son ellos quienes sostienen que sus actividades y modelo económico genera progreso y una fuerte economía en cada país, aumenta la importación y la exportación lo cual favorece el desarrollo de las naciones. Si esto no fuera una falacia, en Colombia y en los países de Suramérica, el nivel de vidde todos sus habitantes sería elevadísimo, pero este nivel de vida solo es privilegio de aquellos y ruina para la gran mayoría. El progreso que promueven es progreso solo para ellos, basado en abominables prácticas mercantiles que quiebran a las empresas menores, arruinan a los campesinos y generan insolidaridad, egoísmo, individualismo, y una sucia competencia. Sus prácticas excluyen los ideales de honestidad, fraternidad y solidaridad que es lo que necesitamos en este país.
Otra idea que promocionan es la idea de libertad; eso suena bonito, pero en el caso de la salud se refiere a la libertad de precios en medicamentos e insumos, sin importarles que se vulneren los derechos de los más pobres. En esto son maquiavélicos.
No estamos en contra de honestas empresas privadas que no atropellen a sus clientes, y que presten servicios de buena calidad a justos precios, mucho más si sus usuarios son enfermos que requieren atención en salud; pero sí en contra de la corrupción estatal y del saqueo que las EPS hacen del erario, con desgraciados resultados para la salud de los colombianos.
El gobierno recauda dinero para la salud a través de aportes que hacen los trabajadores, contribuciones de las empresas, aportes del estado e impuestos al consumo. Esto indica que Colombia no es un país tan miserable como para no poder brindar un excelente servicio de salud a todos sus habitantes; el problema es que la ley 100 de 1993 abrió nuevas brechas para incrementar la corrupción estatal entregando los recursos de la salud a las mafias de empresas privadas dueñas de las EPS.
Con suficientes argumentos afirman los analistas estudiosos del tema, que la ley 100 no es una ley que efectivamente favorezca la salud de los colombianos, sino que es una ley que protege intereses económicos de los pocos hombres que se lucran administrando en sus empresas privadas los recursos de la salud pública.
Por eso continuamos apoyando la propuesta de desmontar esa catastrófica ley, para lo cual se necesita voluntad política, fuerte presión social y tal vez que pasen otros cien años de rapiña y soledad.
