Mg. Christian Ríos M.
Politólogo Internacionalista
El pasado jueves 13 de junio los diferentes medios de comunicación registraron el primer triunfo legislativo de Javier Milei presidente de Argentina a pocos seis meses de gobierno, cuando logro la aprobación del senado sobre la llamada “Ley de bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Esta ley de Bases en Argentina es un componente fundamental del sistema legal y constitucional del país, estableciendo principios y directrices sobre los cuales se fundamentan diversas áreas de la legislación y la administración pública. A lo largo de la historia argentina, esta ley ha evolucionado y adaptado su contenido para reflejar las necesidades cambiantes de la sociedad y las demandas de desarrollo económico, social y político. Con este proyecto legislativo el presidente argentino busca posicionar un gobierno sobre bases libertarias para salir de la crisis dejada tras 20 años de kirchnerismo donde dejó un saldo negativo en su economía e investigaciones judiciales por administración fraudulenta.
Antecedentes Históricos y Evolución
La primera Ley de Bases en Argentina se remonta a la era post-independencia y fue concebida como un marco normativo para la organización y el funcionamiento del Estado. En sus primeras etapas, la ley se centraba en establecer los principios básicos de la organización política y administrativa del país, así como en la regulación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno.
Durante el siglo XX, especialmente en las décadas de 1940 y 1950, la Ley de Bases adquirió mayor relevancia con la expansión de políticas sociales y económicas. En este período, se introdujeron disposiciones clave que orientaron la intervención del Estado en áreas como la educación, la salud, la infraestructura y la industrialización. Estas disposiciones reflejaban un enfoque desarrollista y de intervención estatal activa en la economía.
Principales Contenidos y Ámbitos de Aplicación
La Ley de Bases en Argentina abarca una amplia gama de aspectos fundamentales para la estructura y el funcionamiento del Estado. Entre los principales contenidos se encuentran:
Organización y Competencias del Estado: Define las atribuciones y responsabilidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las competencias específicas de los diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
Políticas Sociales y Económicas: Establece los lineamientos para la implementación de políticas públicas en áreas como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social y el desarrollo económico. Esta sección ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las necesidades emergentes de la sociedad argentina.
Derechos y Garantías: Incluye disposiciones sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como los mecanismos para garantizar su protección y promoción. Esto abarca desde derechos civiles y políticos hasta derechos económicos, sociales y culturales.
Desarrollo Territorial y Ambiental: Define las políticas y estrategias para la planificación territorial, el uso sostenible de recursos naturales y la protección del medio ambiente. Esta sección ha cobrado mayor relevancia en las últimas décadas, en respuesta a las preocupaciones crecientes sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
Ley de bases 2024
Dentro de la ley de Bases que plantea el presidente Javier Milei se destacan cuatro grandes reformas enfocadas en: privatización de empresas estatales, facultades presidenciales para legislar, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y Reforma Laboral.
Poderes legislativos al Presidente
Cuando el presidente declare “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética» –como actualmente está decretado por Milei- puede tener atribuciones para legislar y tomar decisiones que afecten de forma positiva su gestión de gobierno. Así lo establece la Ley de bases que fue aprobada por el congreso el pasado 13 de junio.
Con esta facultad le permitirá al presidente libertario tomar decisiones legislativas hasta el 2025 en materia energética, financiera, administrativa y económica, sin aprobación del congreso; la limitante a un año se instauró contrastando a la mitad del tiempo establecido en la ley de bases original que había presentado el presidente argentino en el mes de diciembre, así mismo, le fue aprobado solo un tercio de los temas propuestos en su marco original.
2. Privatización
En el contexto de las políticas económicas impulsadas por la Ley de Bases, la privatización ha sido un tema controvertido y significativo. Este ha sido el punto más libertario en la agenda del actual presidente, dentro de estos aspectos el más importante es la privatización de empresas públicas.
Política Económica y Privatización de Empresas Estatales: La ley ha proporcionado el marco normativo para la privatización de empresas estatales en sectores estratégicos como energía, transporte, telecomunicaciones y servicios públicos. Esto ha sido parte de la estrategia de Milei para incentivar la inversión extranjera y permitir un impulso económico de grandes dimensiones: “eliminar la dependencia estatal para conseguir una independencia empresarial”. En términos generales el presidente busca mejorar la eficiencia económica reduciendo la participación directa del Estado en la economía.
Sin embargo, esta medida presenta restricciones sobre algunas empresas públicas del estado a las que no podrán ser privatizadas. En el marco original de la ley de bases se planteaban 41 empresas estatales para privatizarse, pero en el marco normativo aprobado se dejaron ocho empresas sujetas a la privatización total o parcial. En el caso de medios públicos como radio y televisión argentina, la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo estatales.
3. Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un instrumento diseñado para fomentar la inversión y el desarrollo económico mediante incentivos fiscales y económicos. El objetivo general es atraer inversión extranjera reduciendo impuestos aduaneros y arancelarios sobre proyectos que puedan generar nuevas fuentes de empleo y desarrollo de sectores estratégicos de la economía en sectores primarios y secundarios como lo son el agro, de infraestructura, minería etc.
La misma ley de bases establece los requisitos que deben cumplir las grandes inversiones para acceder a los beneficios del régimen, como montos mínimos de inversión, creación de empleo local y cumplimiento de normativas ambientales. De la misma manera, se contemplan mecanismos de evaluación y monitoreo para asegurar que las inversiones beneficiarias cumplan con los objetivos establecidos y contribuyan al desarrollo económico sostenible.
4. Reforma Laboral
La ley pretende modernizar su régimen laboral estableciendo incentivos a los empleadores para crear empleos formales y contrarrestar la informalidad, esto sin dejar de lado las condiciones de trabajo dignas, salario mínimo, jornada laboral y seguridad social. La norma pretende estimular a los empleadores para regular sus trabajadores a cambio de diversos beneficios, como también la eliminación de sanciones a aquellos que empleen personas sin generar un contrato laboral. La ley establece también que los periodos de prueba a un trabajador pueden ser de seis meses –el doble de tiempo que en la actualidad- y prorrogables a ocho meses para Pymes. Cabe resaltar que esta ley le apuesta a que un trabajador pueda ser independiente y a su vez tenga hasta cinco colaboradores trabajando con él, esta figura es llamada: «monotributistas».
En resumen, la Ley de Bases en Argentina representa un pilar fundamental del ordenamiento jurídico del país, proporcionando los principios y directrices esenciales para la organización y el desarrollo del Estado. El actual gobierno argentino se impone fuertemente con una gran reforma libertaria que busca superar la crisis generada tras 20 años de kirchnerismo socialista; esta ley representa una gran victoria reformista a tan solo seis meses de mandato.
A futuro, para que esta Ley de bases con su transformación actual tenga los resultados esperados basados en la austeridad, reducción del Estado, privatizaciones de empresas para la eficiencia y eficacia de los procesos económicos, generación de empleos y apertura de inversión extranjera dependerá de la capacidad del sector público, privado y de la sociedad para abordar los desafíos emergentes, como la globalización, la digitalización, energías renovables y la sostenibilidad ambiental, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio entre la estabilidad normativa y la flexibilidad necesaria para responder a nuevas realidades.
