Por Rafael Nieto Loaiza
La aprobación en cuarto debate de la reforma pensional es tanto una victoria pírrica de Petro como una prueba de que fue exitosa la operación de soborno de los congresistas, aceitada con el dinero del presupuesto público como prueba el escándalo de la UNGRD.
En efecto, el gobierno consiguió que la plenaria de la Cámara aprobara, vía proposición, sin debate y votando en bloque todo el articulado, el mismo texto al que la plenaria del Senado había dado su visto bueno, de manera que no hubiera necesidad de conciliación para compaginar lo aprobado en ambas cámaras y no se hundiera por tiempos. Sin embargo, lo hizo con flagrantes violaciones del reglamento del Congreso. Como mínimo, se vulneró el principio de publicidad, no se declaró la suficiente ilustración antes de proceder a votar y, lo más importante, se evitó la discusión y el debate sobre el articulado. Por cuenta del pupitrazo se debería hundir en la Constitucional. Sí, un triunfo pírrico.
La reforma, por cierto, tiene varios males, algunos muy graves. Uno, que atenta contra la libertad de elegir porque obliga a prácticamente a todos los colombianos a entregar sus aportes, hasta lo correspondiente a 2,3 salarios mínimos, a Colpensiones. Las únicas excepciones serán las de aquellos que queden en el régimen de transición y que estarán excluidos del cambio, es decir, los hombres y mujeres que hayan cotizado al menos 900 y 750 semanas respectivamente. Dos, que hay una confiscación de hecho de los ahorros de los dieciocho millones de colombianos que están en los fondos de pensiones privados y cuyos dineros correspondientes a los aportes hasta 2,3 salarios se irán a un pozo común en Colpensiones. Esa plata, cuyo dueño es hoy cada uno de los ahorradores en sus cuentas individuales en los fondos privados, sería en adelante del Estado y se usaría no para asegurar ingresos en la vejez de quienes los han ahorrado sino para pagar subsidios a otros ciudadanos, incluso de quienes no han cotizado jamás. Tres, que lo propuesto es insostenible y no resuelve los problemas estructurales del sistema actual por varias razones: una, que todas las pensiones en Colpensiones están subsidiadas y entre más alto el salario, mayor el subsidio. Al determinar que el umbral será de 2,3 salarios, y no de 1 o 1,5, aumentan los subsidios, que además son regresivos, y con ellos el hueco financiero del sistema; dos, no modificó la edad de pensión, 62 años los hombres y 57 las mujeres, una medida impopular pero indispensable. En Colombia hoy el promedio de vida es de 77 años y además ha bajado de manera radical la tasa de natalidad. En el 2023 hubo 510.357 nacimientos, menos incluso que en el 2012. La caída de la tasa de fecundidad es también acelerada. Si en 1993 la tasa era de 3,36 hijos por mujer, en el 2023 fue de 1,4. Los colombianos vivimos mucho más y los jóvenes serán cada vez menos, de manera que un sistema piramidal como el colombiano está destinado a colapsar.
Cuarto, la reforma le dará unos recursos sustantivos a Petro con los que hoy no cuenta. Recursos para seguir con la compra de congresistas y recursos para asegurar apoyos políticos vías otros subsidios en plena época de elecciones. Aunque el problema de sostenibilidad es gravísimo, a Petro no le importa porque no tendrá que resolverlo él. Y la oposición se equivoca creyendo que la solución es entregarle al Banco de la República la administración de los recursos que se trasladarían desde los fondos privados. El problema no está ahí sino en los dineros del presupuesto nacional que hoy están destinados al pago de pensiones y que serán liberados para que el gobierno los malgaste en otras materias.
Finalmente, aunque hay muchos otros daños, habría que resaltar que, si la reforma entrara en vigor, como está previsto, el 1 de julio del próximo año, habrá un enorme problema en Colpensiones. La entidad no está y no estará preparada para triplicar su número de usuarios en un año, considerando que llegarían alrededor de 16 millones adicionales a los 10 que ya tiene. La transición requiere adecuar los sistemas de información y contratación de la entidad y no hay tiempo suficiente para hacerlo.
En fin, otra vez, como en tantas otras cosas, estamos en manos de la Constitucional.