La Gobernación del Quindío expuso las razones que llevaron a la desvinculación de un contratista del Centro Administrativo Departamental –CAD.
“Acciones contundentes ha emprendido el Gobierno del Quindío con el fin de detener una cadena de ilícitos presentados en las últimas semanas y que, de manera continua, llevaron a que ciudadanos incautos cayeran en una estafa de un grupo de inescrupulosos que cobraban dinero por presuntas plazas docentes o empleos en la planta administrativa de la secretaría departamental de Educación”, señala el comunicado.
El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya señaló que, como parte de las investigaciones realizadas al interior de la administración, se evidenció la participación de una persona vinculada al Gobierno del Quindío, para lo cual se procedió a cancelar inmediatamente la relación contractual de este individuo con el departamento.
“De manera paralela se procedió a denunciar ante los entes investigadores pertinentes el hecho que representa un caso de suplantación y mal uso de la administración para fines delincuenciales”, señala el comunicado.
De acuerdo con la secretaria de Educación, Tatiana Hernández Mejía, las víctimas pagaron, por empleos de prestación de servicios entre $450.000 y $600.000, mientras que, si la vacante correspondía a un empleo de planta, el costo oscilaba entre 4 y 10 millones de pesos.
“Fueron abordadas por llamadas, SMS, WhatsApp o notas de voz, donde les decían que luego de firmar un acta de inicio debían presentarse en la Gobernación para hacer el proceso de posesión en el cargo.
Una vez se dieron cuenta que no había novedades frente a sus casos, se acercaron a la Gobernación, en donde se enteraron que era una estafa porque desde la secretaría no se llevan a cabo estas malas prácticas, teniendo en cuenta que para hacer parte del magisterio se deben presentar diversas pruebas en un concurso de méritos, o para ingresar a la parte administrativa se realiza un proceso similar con la Comisión Nacional del Servicio Civil”.
Ante la imposibilidad de que el ente territorial lleve a cabo la investigación judicial –al no hacer parte de sus funciones dentro de la rama administrativa del Estado-, desde el Gobierno del Quindío se invitó a los perjudicados a que denuncien ante la Fiscalía General de la Nación, lo que constituirá parte del material probatorio para las correspondientes diligencias que permitan establecer la responsabilidad a las que haya lugar.
Por último, Galvis Bedoya reiteró el llamado para que, ante cualquier oferta o información de la administración departamental, se recurra a las fuentes de información oficiales, para evitar este tipo de traumatismos
