El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia requirió al alcalde de Armenia para que, en el término de diez días, informe la política pública que habrá de implementar para superar la situación que hoy se evidencia en materia de ocupación de espacio público por parte de vendedores estacionarios y semi- estacionarios informales.

La decisión del Juzgado está centrada en el desacato en el que incurre el municipio de Armenia para el cumplimiento de la sentencia sobre la acción popular proferida el 5 de agosto de 2013, que dispuso entre otros amparar el derecho colectivo al espacio público en armonía con los derechos fundamentales, al trabajo, la solidaridad y a la confianza legítima de los comerciantes informales de la ciudad.

La Acción Popular de la que se habla fue interpuesta por el ciudadano Germán Obando Roa y coadyuvada por el exmagistrado Jorge Arango Mejía (+), quienes triunfaron jurídicamente ante el Juzgado Cuarto con sus pretensiones, de donde se desprendió la obligación del alcalde de Armenia de amparar el derecho colectivo al espacio público, esto es despejar las calles de Armenia de las ventas ambulantes y estacionarias, pero, al tiempo, proteger el derecho al trabajo que tienen estos comerciantes informales.

El Juzgado sancionó al exalcalde José Manuel Ríos Morales con una multa de $32 millones 500.000 pesos por desacato en el cumplimiento de la sentencia referida, y, al tiempo, prosigue en el proceso de hacer efectiva la sentencia, por lo cual conmina ahora al alcalde James Padilla García para que presente la política pública de su gobierno para despejar las calles de Armenia las ventas ambulantes y estacionarias, en un plazo de diez días, de los que ya se han cumplido cuatro.

“Visto que ya han transcurrido 5 meses desde la posesión del abogado James Padilla García como alcalde de Armenia y que pese a ello y al conocimiento con que cuenta el municipio sobre la existencia del presente medio de control, la nueva administración se ha limitado a informar la ejecución de las mismas acciones implementadas por la administración anterior, para atender el problema de ocupación de espacio público por parte de vendedores estacionarios y semiestacionarios informales”, dice el requerimiento del Juzgado, y reitera que el alcalde Padilla debe informar el estado del centro comercial del café en su función de albergar los vendedores ambulantes y, al tiempo, elaborar la política pública para darle solución al problema de la ocupación del espacio público en la ciudad.