La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal dirigida por Gloria Janeth Quintero Montoya dará continuidad este lunes 4 de diciembre a la audiencia pública relacionada con el proceso a los exgobernadores Sandra Paola Hurtado Palacio, Julio Ernesto Ospina y John James Fernandez, quienes responden por las presuntas irregularidades en contratación pública en que pudieron haber incurrido en el desempeño de sus funciones como mandatarios seccionales en el período 2012-2015, cuando al parecer trasgredieron el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío, antes Esaquín, la Promotora de Vivienda del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, donde hubo una contratación con privados por cerca de $250.000 millones.
La audiencia se inicia a las 10 am en la capital del país, para escuchar los alegatos de conclusión que pronunciará el abogado Carlos Mario Isaza Serrano en su condición de apoderado de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado.
Al termino de dicha intervención, se dará paso a los alegatos de conclusión en forma virtual desde la Procuraduría Regional del Quindío, del abogado John Faber Quintero Olaya, defensor del entonces gerente de Esaquín , Heidelman Grajales Puentes, y de Jhony Alberto Rodríguez Jaramillo, gerente de Proviquindio, una vez concluya su discurso finaliza la diligencia.
Vale la pena explicar que la Procuraduría aceptó la solicitud presentada por el abogado Andrés Mauricio Quiceno, apoderado de los exgobernadores John James Fernández y Julio Ernesto Ospina Gómez, para pronunciar sus alegatos de conclusión el próximo 12 de diciembre, debido a que el sistema judicial le programó otras audiencias entre el 4 y 11 de diciembre en Armenia.
Al finalizar la intervención del abogado Quiceno, la Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Gloria Janeth Quintero Montoya dará lectura al fallo correspondiente a este proceso en el que se investiga si los acusados incurrieron en conductas irregulares en el manejo de contratos relacionados con recursos públicos.