En el departamento del Quindío las autoridades tienen conocimiento sobre las amenazas en contra de 25 personas dedicadas al liderazgo social, defensores de tierras, de Derechos Humanos, dirigentes comunales, víctimas del conflicto armado, funcionarios públicos, y activistas políticos de izquierda.
Frente a este hecho preocupante se han adoptado medidas especiales para 12 de estos ciudadanos a quienes se les brinda protección extraordinaria, dotados con chaleco antibalas, teléfono celular y escolta, 5 más cuentan con acompañamiento permanente, chaleco y vehículo y son considerados como de riesgo extremo.
La mesa departamental de víctimas ha puesto en evidencia los riesgos que padecen muchos de los líderes de la región y las autoridades estudian casos especiales de personas amenazadas por denunciar hechos de corrupción en los últimos meses.
El procurador General de la Nación Fernando Carrillo fue enfático en señalar que a los líderes sociales y denunciantes se les debe proteger y facilitarles el ejercicio de su función ciudadana sin que por ello, peligre su vida y la de sus familias.
