Los contratistas de las obras de valorización en Armenia serán llamados a imputación de cargos por corrupción en San Andrés

13 octubre 2018 8:48 pm

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Según testimonios, el material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía, las autoridades establecieron que para la ejecución de un ‘megacolegio’ en la Isla de San Andrés, el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona, los mismos protagonistas del desfalco a los recursos de valorización en Armenia.

Por estos hechos fueron enviados a la cárcel, con medida de aseguramiento, el gobernador de San Andrés, Ronald Housny Halle, hoy suspendido, y la exgobernadora de la isla, Aury Guerrero Bowie, por la presunta apropiación de dineros públicos de contratos de la gobernación que sumarían once mil millones de pesos.

Los detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir.

También fueron capturadas otras nueve personas y los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y Ángel José Angarita Pareja serán citados a audiencia de formulación de imputación por los nuevos delitos, toda vez que cumplen medida de aseguramiento de detención domiciliaria por hechos detectados en Armenia.

La Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de $120 mil millones que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas se quedaron con las obras de valorización en Armenia.

Con este antecedente, las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, y se estableció que para quedarse con la construcción de colegios y parques en San Andrés, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental.

La Fiscalía estableció que este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales, los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley.

El detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar los $11mil millones.

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