Tres de los cuatro quirófanos de la clínica de la Sagrada Familia de Armenia fueron cerrados por falta de personal para prestar el servicio. Los médicos anestesiólogos de la institución fueron obligados a renunciar, tras bajárseles la tarifa de los servicios que prestaban en un 50% y por falta del pago de sus honorarios, que les adeudan desde el pasado mes de octubre. El único quirófano que quedó en servicio es atendido en sus servicios de anestesiología por un médico llegado del Huila, de origen venezolano, que aceptó las condiciones desventajosas que ofrecen las nuevas directivas de la clínica.

El cierre fue ordenado por la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío, siguiendo los lineamientos del Decreto 1011 de 2006, relacionado con el incumplimiento del sistema de cumplimiento obligatorio de garantía de calidad. Lo increíble de este cierre es que hace menos de un mes y medio que la misma Secretaría de Salud del Quindío había habilitado los servicios totales de la clínica, incluyendo los cuatro quirófanos.

La clínica de la Sagrada Familia fue vendida por Comfenalco Quindío a finales del año pasado a la empresa Uros, del señor Mauricio Osorio Manrique, del departamento del Huila, por una cuantía cercana a los $22.000 millones de pesos. En esa transacción, el director de Comfenalco Quindío, médico José Fernando Montes Salazar, dijo que se había convenido con los directivos de Uros que no habría despidos y se conservaría todo el personal técnico y profesional de la IPS. Sin embargo, hasta la fecha, han sido despedidos 135 trabajadores, tanto del área administrativa, servicios y personal médico y paramédico.

Las nuevas directivas impusieron un nuevo gerente, la señora Érika Liliana Prada Gutiérrez, también traída del Huila, mientras que al gerente hasta la fecha de la venta de la clínica, el doctor Carlos Ernesto Rozo Flórez, lo hicieron a un lado, sin cancelarle el contrato. En otros términos, la clínica le paga a dos gerentes, uno que actúa de acuerdo con las orientaciones de las directivas de Uros, y otro que no puede ejercer y para mantenerlo en la nómina lo sacaron a vacaciones, primero, o lo mantienen aislado. Rozo Flórez es una de los más prestigiosos médicos directivos del Quindío, conocedor a fondo de los problemas médicos, científicos, técnicos y financieros del sector salud del departamento.

Rozo es uno de los principales críticos de la venta de la clínica, porque según su criterio, nunca se les consultó a los directivos médicos de la institución y la decisión de Comfenalco se hizo a espaldas de ellos. Las cuentas de la venta de la clínica son cuestionadas por el doctor Rozo. “Una manzana entera con tres edificios en el centro de Armenia, todos los equipos médicos y la dotación en general de la clínica y unas cuentas por cobrar por $27.000 millones de pesos, con un pasivo de $12.000 millones, fueron vendidos por $22.000 millones. A esto hay que hacerle cuentas y seguramente que las autoridades de control tendrán que pronunciarse”, dijo Rozo

La clínica fue entregada a Uros con 600 empleados, y a la fecha solo quedan 465. Se espera que al vencerse los contratos, en los meses de marzo y abril, de muchos profesionales, estos queden cesantes, porque las condiciones laborales que está ofreciendo Uros son paupérrimas. El médico Obstetra y Ginecólogo Fernando Celades cuestionó en una carta a la gerente Prada Gutiérrez, las nuevas tarifas impuestas por la clínica. Sus servicios los bajaron en un 37 y 16 por ciento para el presente año, por lo tanto anunció que no trabajará más en la institución. Y en esa misma actitud está la mayoría de profesionales de la medicina.

Comfenalco Quindío, en la venta de la clínica, también cedió los contratos de los médicos y de algunas instituciones médica que prestan servicios a la Sagrada Familia, lo que obliga en muchos casos a prestar los servicios hasta la terminación de los mismos. Sin embargo, argumentan los médicos, entre ellos Celades, que si no se respetan las tarifas, no se puede alegar incumplimiento del contrato por parte de los galenos.

No pagan

Otro problema que ha sido denunciando es la falta de pago a muchos profesionales médicos. La empresa Uros argumenta que no tiene liquidez de caja para pagar. El director de Comfenalco Quindío José Fernando Montes dijo en la presentación del nuevo dueño a los empleados y contratistas que la empresa Uros recibiría todas las obligaciones, pero que la caja seria garante. Al momento las cuentas por pagar a médicos están a octubre de 2019, y el nuevo dueño dice que no cuenta con recursos para pago efectivo de las acreencias. “Estas deudas con los contratistas están siendo utilizadas como mecanismo de presión para renegociar las tarifas”, dijeron varios médicos consultados por EL QUINDIANO. “Las ofertas de Uros están, en promedio por debajo, en un 15% de lo que pagan otras IPS como Clínica Central y Hospital San Juan de Dios”, indicaron las mismas fuentes.

Según un grupo de médicos consultados por EL QUINDIANO, “Otras contrataciones por eventos, Uros quiere renegociarlas ofreciendo como referencia un manual tarifario que usaba el desaparecido Seguro Social en el año 2001 pero con una reducción del 10%”.

Habilitación del gobierno departamental

La principal razón argumentada por el director de Comfenalco José Fernando Montes para la venta de la clínica de la Sagrada Familia fue la incapacidad de la institución de realizar las inversiones necesarias, por $13.000 millones de pesos para cumplir requisitos de habilitación de servicios, certificado que otorga la secretaría de Salud del Quindío. A la clínica, esa secretaría, el año pasado, le hizo varias visitas y no le habilitó oficialmente servicios, hasta tanto cumpliera con una serie de inversiones en sus instalaciones y equipos. Los servicios se siguieron prestando, pero condicionados a cumplir con lo requerido y con plazos establecidos.

Al comenzar el presente año, el gobierno del odontólogo Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas se reunió con los directivos de Uros, el propietario de esta compañía, Mauricio Osorio y le habilitó todos los servicios sin condicionamientos. Sin embargo, como queda dicho, un mes y medio después, tuvo que clausurar los servicios de tres de los cuatro quirófanos, porque los anestesiólogos se negaron a prestar sus servicios profesionales, pues se les adeudan honorarios desde octubre y se les está obligando a rebajar las tarifas.

El sufrimiento de los usuarios

EL QUINDIANO estuvo en urgencias de la clínica y encontró que casi todas las personas que demandaban servicios llevaban más de cuatro horas tratando que los atendieran. Muchos de ellos tuvieron que migrar a buscar atención en otro lugar. También hubo quejas por gran cantidad de cirugías represadas y citas médicas incumplidas.

Clínica de Cuarto Nivel

Uno de los anuncios del señor Mauricio Osorio, propietario de Uros, una compañía que tiene clínicas en el Huila, Puerto Asís, Barranquilla, Ibagué, Montería, Tunja, Rionegro, Yopal, Barrancabermeja, Envigado y Duitama, dijo que el objetivo era convertir la clínica de la Sagrada Familia en un centro de atención de Cuarto Nivel, que no existe en el Eje Cafetero. Sin embargo, de la fecha de la venta de la clínica hasta ahora, los servicios se han deteriorado ostensiblemente. El gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo ofreció, este año, respaldo a la empresa Uros y al empresario Mauricio Osorio.

Sin embargo, la mayoría de médicos de la clínica de la Sagrada Familia, y otros galenos de otras instituciones, consultados por EL QUINDIANO aseguran que el grupo Uros no tiene la capacidad financiera ni técnico-científica para llevar la clínica a ser una entidad de atención de cuarto nivel.

Los médicos especialistas se reúnen hoy con el gobernador Roberto Jairo Jaramillo para expresarle su descontento con las medidas asumidas por Uros y pedirle una intervención en el asunto.