La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República en comunicado conjunto afirmaron que la protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política y que ellas son garantes y protectoras de los derechos humanos de toda la población, por ende, en el marco de sus competencias, trabajan en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia.

Indican que los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población, además cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal y en el caso de ser funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales.

Agregan que estos actos deben ser rechazados por la sociedad colombiana y enfrentados con todas las herramientas legales e institucionales.

Hacen clara advertencia que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación.
 

Finalmente le dan la bienvenida a todos los espacios de deliberación y construcción de acuerdos, pero nunca por vías de hecho que saboteen el vivir de los ciudadanos.