Esta semana el poder judicial en Colombia paraliza sus actividades al público como mecanismo de protesta frente a dificultades que enfrenta el sector y que no se han resuelto pese a que ocurren de tiempo atrás.

Funcionarios de la Rama Judicial anunciaron que durante los días 25 y 26 de mayo se suspenderá el servicio de administración de justicia y por tanto, no se realizarán audiencias públicas, no correrán términos judiciales y no se realizará ninguna actuación procesal, debido a que en todo el país estos servidores participarán en actividades programadas en sus sedes judiciales, en donde se llevarán a efecto foros, conferencias y actos culturales, por lo tanto, se desconectará el servicio virtual.

Expresaron su profunda preocupación por la respuesta inadecuada que la institucionalidad le ha dado a las demandas de la población durante sus movilizaciones y consideran que la ausencia de voluntad del Ejecutivo para concertar, sumada a la militarización de la protesta social con asesinatos, detenciones, desapariciones forzadas y lesiones a manifestantes, acompañadas de la actitud complaciente y omisiva de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, con la deshonrosa sumisión de las Altas Cortes y del Fiscal General de La Nación, colocan en grave riesgo la vigencia del estado de derecho.

Indican que en su condición de jueces están instituidos por el constituyente como garantes de los derechos, libertades y garantías de las personas, y en cumplimiento del principio universal de la separación de poderes (independencia judicial) son llamados a servir de contención a la arbitrariedad y al abuso de poder.

Indican que la concertación civilizada de las demandas ciudadanas se impone como mecanismo de solución al desgobierno y a la violencia generalizada y exhortaron a las autoridades civiles, policiales y militares a observar los tratados internacionales sobre la protección y promoción de los derechos humanos y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que impuso protocolos a la fuerza pública para asegurar el ejercicio de la protesta social.

Así mismo a los manifestantes a ejercer su legítimo derecho en forma pacífica, pues los actos vandálicos de una minoría caracterizados por las agresiones a los servidores públicos y a los bienes públicos y privados desdibujan la justeza de la movilización.

Se refirieron también a que en el marco de la pandemia y la protesta social se viene tramitando un proyecto de ley acumulado para reformar la ley estatutaria de administración de justicia, el cual fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes, iniciativa que no fue concertada con los estamentos de la Rama Judicial ni resolverá sus problemas estructurales y explican las razones.