Por medio de un comunicado de prensa la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Quindío María Ayala y la Primera Línea Jurídica Quindío, dieron a conocer lo que considerán la sistemática violación de las garantías del derecho a la protesta por parte de la Policía Nacional en el Quindío y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.
La denuncia se relaciona a los acontecimientos ocurridos en la noche y madrugada del pasado 24 al 25 de mayo, en contra de manifestantes y de la misión de verificación de Derechos Humanos, que se encontraban en la vía pública en un plantón pacífico y posteriormente dentro de las instalaciones de la Universidad del Quindío cuando se presentaron los disturbios.
Aseguran los activistas que las autoridades de la ciudad hablan de "daños a las instalaciones físicas de la universidad, como las sillas que se usaron en las barricadas y a las cámaras de seguridad, todo para justificar intervención con uso de la fuerza".
Igualmente agregan que la presencia activa del Esmad “fue sin intermediación o diálogo con los manifestantes por parte de Defensoría del Pueblo y se le dio toda la responsabilidad a los defensores de Derechos Humanos, mientras que la Policía Nacional regional Quindío, y la Defensoría del Pueblo, quienes debían generar el espacio de interlocución, estigmatizaron su labor.
En ese mismo sentido la misión de verificación de Derechos Humanos de la Mesa Departamental María Ayala dice que “fue víctima de hostigamientos e intentos de capturas cuando buscaba entablar diálogo con el ESMAD, quienes señalan al personal de DDHH de “darle a los manifestantes oportunidad de organizarse”.
Según lo reportado en el documento “A lo largo de la noche se registraron varios intentos de ingreso a las instalaciones de la UQ, de personas civiles desconocidas por los manifestantes, que descendían de camionetas blancas.
Heridos, lanzamiento de gases lacrimógenos vencidos y hostigamiento a la labor de periodistas que estaban haciendo cubrimiento, personal de apoyo médico acosado y dificultad para el traslado de quienes lo necesitaban a centros hospitalarios, fueron también otros de los hechos ocurridos esa noche y que se reportan ante la opinión pública y organismos de control, para que tomen las medidas pertinentes y hagan las investigaciones del caso.
De momento los defensores de Derechos Humanos argumentan que “El despliegue del ESMAD fue innecesario y desproporcionado a partir del momento en que los manifestantes se repliegan al interior de la Universidad del Quindío, pues aquellos ya habían sido disuadidos de continuar con el bloqueo en la vía pública”.
Igualmente destacan que “Los registros audiovisuales de policías lanzando piedras a las instalaciones de la universidad y desechando las sillas que se usaban como barricada demuestran que gran parte de los daños reportados como actos vandálicos constituyen ataques de falsa bandera para culpar a los protestantes de conductas punibles y contrarias a la sana convivencia.
Por todas estas anomalías piden a la Defensoría del Pueblo y las demás entidades del Ministerio Público “agotar, con independencia de la disponibilidad de brigadas de verificadores de derechos humanos, las etapas de interlocución y diálogo previos al uso de la fuerza y al despliegue del Escuadrón Móvil Antidisturbios”.
Igualmente exigen las actas de verificación del armamento usado por la Policía y el Esmad, expedidas por el Ministerio Público y una respuesta inmediata acerca de las actuaciones de la Fuerza Pública, proferida por el Gobernador del Quindío, el Alcalde de Armenia y el Comandante de la Policía Nacional seccional Quindío, donde indiquen “cuáles fueron las decisiones tomadas desde el Puesto de Mando Unificado y por qué estas no se hicieron efectivas para frenar la escalada de violencia perpetrada por los agentes de la Policía y el ESMAD.