Labores de investigación encabezadas por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una red que se dedicaba a la comercialización ilegal de carne de caballo en varios municipios del Eje Cafetero.

De acuerdo con la información oficial, este grupo, del que fueron capturados 8 integrantes, se encargaba de comprar animales enfermos, fracturados, en mal estado físico o muertos en distintos puntos del país y luego los trasladaba para su sacrificio a una finca en la vereda El Chocho, en zona rural de Pereira.

Esta actividad se ejercía en pésimas condiciones de salubridad y sin los permisos de ley.

Posteriormente, la carne era transportada en vehículos particulares, sin conservar la cadena de frío.

Abundante evidencia técnica da cuenta de que este producto era vendido a carnicerías, industrias de empanadas y procesadoras de otros alimentos.

Los cálculos preliminares indican que la red delictiva que estaría involucrada en este andamiaje ilegal habría comercializado, aproximadamente, 60 toneladas de carne de caballo y bovino, entre 2020 y 2021.

En los procedimientos fueron detectados vehículos que transportaban carne y se inspeccionó el matadero clandestino. En este lugar se encontraron equinos, bovinos y porcinos en pie, otros despresados. También se hallaron residuos animales dispersos en el suelo o sepultados en fosas.

Los investigados

Jorge Camargo Montoya, quien sería el principal articulador y responsable de la compra, sacrificio y preparación de los animales y la comercialización de la carne.

Jorge Leonardo Montoya Varón, hijo del señalado cabecilla. Se le atribuye la supuesta participación en el transporte y sacrificio de los animales y en la comercialización de la carne.

José Yhon Fredy Valencia Velasco, presunto encargado de despresar los animales y ocultar los residuos.

Faustino de Jesús Trejo Arias, estaría vinculado a la compra de caballos y burros en mal estado y de sacrificarlos.

Julián Alberto Manzano Castro, sería uno de los responsables de la adquisición y transporte de los animales.

Hernán Darío Vélez Gómez, presunto comprador y comercializador de la carne.

Jaime Marín Ocampo, señalado transportador del producto cárnico.

Mónica Milena Hernández Santos, una de las supuestas receptoras del recurso cárnico para la fabricación de empanadas y otros productos alimenticios.

El proceso

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y daño a los recursos naturales.

Los procesados no aceptaron los cargos y, en su contra, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad.