Por Jhon Fáber Quintero Olaya
Finalizó el proceso de escrutinios de las elecciones a Congreso en Colombia. Las polémicas desde el 13 de marzo estaban sobre la mesa porque algunos alegaban fraude y otros mostraban decepción por las determinaciones populares. Hasta este punto todo se circunscribía a la normalidad de un proceso electoral, en el que como es lógico, existen ganadores y derrotados.
Sin embargo, el año 2022 pasará a la historia por la incompetencia de un Registrador que ante la presión política realiza planteamientos y propuestas ilegales e inconvenientes. En una democracia, como lo ha precisado la Corte Constitucional “el núcleo esencial del derecho al voto implica, que la decisión contenida en el voto sea respetada y que, de manera efectiva, incida en la selección de los gobernantes. Es decir, el voto ha de ser contabilizado”. Por ende, el deber de la organización electoral es salvaguardar que lo sufragado coincida con lo declarado. Para ello se cuenta con la siempre oportuna concurrencia de jueces y notarios en los procesos de escrutinio.
Los partidos y movimientos políticos en contienda cuentan con los mecanismos legales para la realización de veedurías y la presentación de reclamaciones cuando advierten alguna irregularidad en las mesas de votación o, incluso, en el proceso de escrutinio. Los testigos electorales, escogidos por estas asociaciones, cumplen la especial labor de defender la pulcritud del voto e impugnar aquellos formularios que no coincidan con la realidad o se llenen sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Elección a elección estas herramientas de una gran convergencia ciudadana e interinstitucional impiden el fraude y consolidan un robusto esquema de garantías. Sin embargo, las críticas de un sector político, claramente afectado por el favor popular, compelieron a un organismo autónomo como la Registraduría Nacional del Estado Civil a una propuesta de reconteo generalizado de votos completamente apartada del orden de legalidad que lo gobierna y que juro cumplir su titular cuando tomó posesión del cargo.
Este precedente es nefasto para la democracia. Se trata de una propuesta inconveniente porque corrobora internamente una desconfianza institucional en un proceso electoral del que se es su director. El organizador de un evento no puede salir a hablar mal de aquel sin generar un gran costo. ¿Qué se puede esperar en mayo de un modelo de circunstancias semejante?
También se trata de un planteamiento ilegal porque la labor de escrutinio, adelantada por jueces y notarios, con la vigilancia de candidatos y partidos políticos goza de presunción de legalidad y seguridad jurídica. En este tópico, el señor Registrador, en forma curiosa primero resalta la labor de los funcionarios en medios de comunicación y, luego, de manera sorpresiva la desconoce, a partir de un reconteo generalizado. Finalmente, en este teatro el titular del órgano electoral retira la solicitud que nunca hizo.
El ejercicio de la función pública requiere prudencia, mesura y la valoración de todas las circunstancias incidentes en un asunto. Las propuestas mediáticas sin contenido jurídico, atentatorias contra la legitimidad institucional y las garantías partidistas generan incertidumbre ciudadana y más polarización. La organización electoral tiene que ser imparcial respecto de las fuerzas políticas en contienda y salvaguardar los derechos de elegir y ser elegido de la totalidad de los actores presentes en la fiesta democrática. El reconteo generalizado del pasado no es posible, máxime cuando se tiene una serie de mecanismos legales para controvertir las diferentes fases del procedimiento electoral. Un grave error el de la Registraduría con un altísimo costo social y político para el mes de mayo.