Por Alexander Cardona
Gerente OSSAS
El municipio de Calarcá, en las últimas administraciones, ha dejado prescribir impuestos por más de 35 mil millones de pesos, a grandes empresarios y multinacionales, pero hoy, no tiene maquinas amarillas y le cobra a los comerciantes de la localidad, con exageradas tarifas.
Desde hace mucho tiempo afirme que la administración tributaria de Calarcá, se comportaba como si fuera Robin Hood, pero al revés, porque le cobra, con altas tarifas, el Impuesto de Industria y Comercio a los empresarios más vulnerables en Calarcá, pero dejó pasar el cobro del mismo tributo a la Unión Temporal Segundo Centenario UTSC, esto es tratar de aumentar los recaudos del municipio en una suma que no superara los 1000 millones, apretando calarqueños, pero dejando que Mega Empresas y Multinacionales que ejecutaron contratos públicos, en jurisdicción del municipio, por más de 3.2 billones de pesos, dejaran de pagar más de 35.000 millones de pesos, esto es por demás increíble o para los de mente más perspicaz, sospechoso.
El origen de esta situación se remonta al inicio de las obras del túnel de la línea, con ocasión de del inicio del contrato 3460 del 2008, suscrito entre la Unión Temporal Segundo Centenario UTSC y el Instituto nacional de Vías INVIAS, en dicho contrato, se produjeron divergencias, entre contratante y contratista, las cuales derivaron en la expedición de la resolución número 0330 del 27 de enero de 2015, mediante la cual el Instituto Nacional de Vías declaró la caducidad del contrato “Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial y Ambiental, Construcción y operación del Proyecto Cruce de la Cordillera Central, Túnel II Centenario -Túnel de la Línea y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca”, el cual era ejecutado por la UTSC. En dicha resolución de caducidad, en su artículo quinto, expresa que “A partir de la firmeza de la presente decisión quedarán inhabilitados para contratar con el Estado en los términos del Numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1993 todos los miembros de la Unión Temporal Segundo Centenario”.
Las personas jurídicas que quedarían inhabilitadas eran, CONDUX S.A. (Empresa Mexicana), CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA (Empresa Española), ALVAREZ Y COLLINS S.A, CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS, CONSTRUCTORA MONTECARLO VIAS S.A, TUNELES DE COLOMBIA S.A, CONSTRUIRTE S.A, GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A, H&H ARQUITECTURA S.A y FELUCA Y CIA S.A.S. es decir, todos miembros de la mencionada Unión Temporal.
Un mes y medio después de que el Instituto Nacional de Vías INVIAS, declarara la caducidad del contrato con la UTSC para la culminación de las obras del túnel de La Línea, el Gobierno Nacional, decidió darle una nueva oportunidad al contratista, para lo cual se suscribió un acuerdo compromisorio, entre las partes, poniendo fin a las diferencias sobre algunos hitos del contrato de obra, esta posición abordada por el gobierno nacional de reversar los efectos de la caducidad del contrato, se dio, pues de mantenerse la misma implicaría demandas millonarias para el Estado, por parte de los miembros de la Unión Temporal, como después efectivamente sucedió.
Con el acuerdo compromisorio, el proyecto dispondría de nuevos recursos, entre otros de 30.000 millones de pesos provenientes de la compañía aseguradora y 300.000 millones de pesos adicionales por parte del INVIAS.
Recientemente, presente un derecho de petición a la Alcaldía de Calarcá, preguntado por el Impuesto de Industria y Comercio que debió pagar la UTSC al municipio de Calarcá en el año 2017, al cual el señor Alcalde respondió que, el INVIAS le había transferido al municipio en dicho año, una suma superior a los 900 millones de pesos, declarando cumplidos los ingresos que por este tributo debía liquidar y pagar, la mencionada Unión Temporal.
Pero, en consideración mía, el Alcalde debe de estar errado, pues el manejo de los recursos adiciones, recibidos por la UTSC, conllevo a la constitución de un Patrimonio Autónomo de Administración y Pagos, el cual se operó de forma específica para el desarrollo de la obra en esa vigencia, ósea que no era el INVIAS, quien debía transferir el dinero, sino el patrimonio autónomo, a través de su vocera, la Fiduciaria GNB Sudameris, que para esa vigencia movió la suma de 125 mil millones de pesos, sin que estos fueran sujeto de retenciones por parte del INVIAS, pues este no era el agente retenedor de estos recursos, sino la mencionada fiduciaria, así las cosas, como no se había pagado el impuesto con oportunidad, dicho tributo a hoy, con intereses y sanciones sumaba algo más de 10.400 millones de pesos, total se perdió ese dinero.
En las últimas semanas, se han suscitado conflictos en Calarcá, pues el estatuto tributario aumento de forma cuantiosa los impuestos a los comerciantes calarqueños y por otro lado, salió a los medios de comunicación el Señor Alcalde de dicha localidad a quejarse por no poder atender las emergencias viales, generadas por la ola invernal, por no tener maquinaria amarilla, y me digo Yo, si hubiesen cobrado esos recursos, hoy no tendrían que aumentar los impuestos a los calarqueños y por lo menos maquinas amarillas tendrían.
Otra experiencia tiene el vecino municipio de Cajamarca en el Tolima, mucho más pequeño, con menos obra que Calarcá y unos impuestos que son casi la mitad de los de Calarcá y que a la fecha ha recaudado más de 35.000 millones de pesos, al mismo contribuyente y por el mismo contrato, los que sirvieron para aumentar la categoría del municipio, aumentar los ingresos provenientes del sistema general de participaciones, repotenciar el acueducto, reconstruir el reparar las vías del casco urbano, desarrollar un proyecto de vivienda de interés social de 121 soluciones, sistema de saneamiento básico del municipio, construir un número importante de placas huella y puentes rurales, comprar maquinas amarillas, carro de basura, carro de bomberos y muchas otras obras.
Triste destino que han tenido que sufrir los calarqueños, cuando aquellos que han horrado con la elección, se han convertido en sus peores verdugos.
