Un paro anunciado y consentido

10 mayo 2022 5:51 pm

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Gilberto Zaraza Arcila

El contraste que perciben los colombianos entre el tratamiento dado por el gobierno a las protestas en su inmensa mayoría pacificas de jóvenes exigiendo sus derechos, y el paro armado del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia o urabeños o uribeños; demuestran de manera palmaria quienes están en el poder y para quienes gobiernan. Valientes y represivos con los débiles y pusilánimes ante sus socios, los delincuentes armados.

A los jóvenes inermes que  descalificaron como terroristas,  vándalos y culpables de la carestía, les sacaron el ejército, la policía, el Esmad, la Fuerza Aérea y la “gente de bien” o paramilitares para asesinar, mutilar, violar, torturar, desaparecer y detener a cientos y miles de jóvenes.

A los narco paramilitares fuertemente armados que decretaron un paro armado ilegal, que tiene paralizado a 11 departamentos, el comercio y clases cerradas, desabastecimiento de alimentos, medicamentos e hidrocarburos, el incendio de más de 150 vehículos, el asesinato de 14 personas,  y las vías taponadas que impiden la movilización y están provocando inflación. Las Fuerzas Armadas cobardemente se les escondieron, se cruzaron de brazos. Ni el ejército, ni  la policía, el gobierno, ni los empresarios, los han señalado de terroristas o vándalos, de enemigos de la democracia y las libertades. Ni han decretado la conmoción interior.

Sospechosamente, los únicos vehículos que circulan libremente son de las empresas Postobón de Ardila Lulle y Olímpica de la familia Char. Ni tampoco queman los peajes de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Sera acaso porque son financiadores de estos grupos, o porque pagan la vacuna?

El paro armado es la reacción de indignación de los narcoparamilitares que se sienten traicionados. Porque a pesar de haber elegido a Uribe con constreñimiento electoral y a Duque con dineros del narcotráfico y fraude electoral;  su jefe máximo alias “Otoniel” que se entregó para recibir el mismo tratamiento de impunidad que les concedió Uribe a más de 30.000 narco paramilitares, fue extraditado, para que no dijera la verdad en Colombia.

Sin embargo, antes de ser extraditado el socio del contubernio de este Estado narcoparamillitar, denunció ante la JEP como colaboradores o con vínculos del Clan del Golfo al exministro de Uribe Sabas Pretelt, al exdirector del DAS Jorge Noguera, al senador liberal Miguel Angel Pinto, al  ex representante a la Cámara Jorge Camilo Abril, a los exgobernadores Alan Jara, William Pérez y Raúl Flórez, al exalcalde de Medellín  Luis Pérez, a los generales Rito Alejo del Rio, Mario Montoya y Leonardo Barrero y varios oficiales más en la nómina de este clan criminal.  A las Universidades de Cartagena y Sergio Arboleda quienes les otorgaron millonarios contratos. Todo esto  configura el Estado narcoparamilitar.

El ilegitimo “presidente” Duque lleno de rabia porque se descubrió su mentira que “Otoniel” había sido capturado y que ese hecho era el fin del Clan del Golfo; lo trató como rata de alcantarilla. Lo que haría una persona del bajo mundo, pero jamás un presidente respetable.

¿Dónde está la inteligencia militar y la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas más preparadas y experimentadas del América Latina, (según el gobierno), ante semejante desafío? Por el contrario, el gorila Zapateiro que lamentó profundamente la muerte de alias “Popeye” el jefe de sicarios de Pablo Escobar, debe estar próximo a declarar su solidaridad con el extraditado Otoniel.

Queda comprobado que el gobierno perdió la soberanía, el control territorial y el manejo del orden público. Que los grupos armados (guerrillas, paramilitares y narcotraficantes), controlan  y siembran de terrorismo  todo el país. Y que adicionalmente el gobierno le entregó la soberanía nacional a los Estados Unidos, que cuenta con 7 bases militares en Colombia. Que los marines entran y salen de brigadas y batallones como Pedro por su casa. Y que antepuso la justicia norteamericana a la colombiana. Por eso, en cumplimiento de órdenes del imperio los colombianos son extraditados para pagar primero los delitos de narcotráfico, antes que los delitos de masacres, secuestro, tortura y violación de derechos humanos cometidos en nuestro país.

La continuidad de este horror, de este caos, de un país que se derrumba,  es lo que representa el candidato del uribismo y del gobierno. Fico ya tiene experiencia desde la alcaldía de Medellín con sus vínculos y connivencia  con el grupo delincuencial denominado la Oficina de Envigado.

Nota. El presidente, los ministros, los congresistas y los gobernantes, deben responder penalmente (por prevaricato y temeridad) y disciplinaria  y fiscalmente, por la suspensión  inconstitucional e ilegal de la ley de garantías electorales.    Lo que permitió la elección fraudulenta de decenas de congresistas, gracias a más de 7 billones de pesos en contratación pública para enganchar supernumerarios y compra de votos. La justicia independiente debe ser implacable para condenar a los delincuentes responsables de este adefesio. Y debe ordenar la figura de la repetición y la extinción de dominio, para recuperar los dineros del detrimento del patrimonio público.     

 

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