Por Álvaro Hernando Camargo
Habitualmente se oyen y leen mágicas y sesudas propuestas formuladas y lanzadas por prodigiosos gobernantes y administradores del servicio de la salud en Colombia, encaminadas a superar la crisis que tiene en cuidados intensivos a casi todos los hospitales públicos.
Proponen implementar cargas tributarias al tabaco, licores, bebidas azucaradas, cigarrillos electrónicos y el uso medicinal del cannabis, para recaudar los recursos, para sacar de la crisis a la red hospitalaria y sanear los hospitales.
La imposición de impuestos genera un efecto contrario, rebaja el consumo, por tanto, su recaudo no será el esperado, seguirá en déficit y los establecimientos hospitalarios seguirán siendo inviables, pues la problemática financiera de la salud no está en la falta de los recursos financieros, derivada del incumplimiento de las EPS en el pago de la cartera morosa, que la paga cuando les da la gana y como les da la gana, lo que hoy se refleja en la situación de cierre de los establecimientos hospitalarios y de servicios de salud.
El meollo del asunto no es la imposición de más cargas tributarias. Lo que corroe al servicio de salud es la corrupción e ineficiencia de las empresas promotoras de los servicios de salud (EPS), que al cabo de varios meses e incluso años de reclamaciones por parte de hospitales y clínicas responden, sin inmutarse, que no tienen con qué pagar y no pasa nada.
Los hospitales del Quindío están al borde del cierre total, porque las EPS deudoras no pagan a tiempo, o fueron cerradas y liquidadas y esas deudas están perdidas e incobrables. No hay quien responda y los gobernantes pareciera no inmutarles la situación, solo cuando revienta el problema, salen a disertar apacibles planteamientos que son solo quimeras.
Así es que toda acción conducente a remediar al desahuciado sistema de salud colombiano, solo serán pañitos de agua tibia que paliará su inevitable colapso. Más que generar cargas arancelarias al consumo de bienes y servicios, se debe erradicar la ineficiencia y corrupción de las EPS, liquidar esas fachadas con patente de filibusteros y pensar de una vez por todas en la implementación de un sistema ecuánime y eficiente que permita de verdad que la salud en Colombia sea un derecho fundamental.