Por Jhon Fáber Quintero Olaya
Al margen de las discusiones sobre la mejor opción política para el País entre los candidatos que pasaron a segunda vuelta, podemos afirmar que ambos representan un cambio. Sin embargo, la polarización vigente en estos 4 años no se va a esfumar en las próximas semanas. De hecho, el 30 de mayo, es decir, un día siguiente de la contienda democrática se intensificaron los ataques entre los contendores. ¿Será que la denigración del otro y la desunión es propia de nuestra cultura?
La respuesta a esta interrogante depende de las decisiones que tomemos en los días siguientes, pero también de la actitud que asumamos frente a la postura de nuestros semejantes. El respeto por el que comparte una u otra propuesta debe ser la constante para ir apagando la llama de la pasión que gobierna las ideas políticas por estos días. Esperemos que luego de tanta turbulencia llegue la calma.
En ese plano de igualdad y tolerancia, ideal para nuestro futuro cercano, una de las mejores noticias de la semana fue la promulgación de la ley de segundas oportunidades. En esa normativa se crea un marco jurídico que permite a las personas que han sido sancionadas penalmente un nuevo espacio en la vida social y laboral. El mensaje que emite la institucionalidad con esta Ley es realmente poderoso frente a la igualdad de derechos, los fines de pena y la protección de la dignidad humana del pospenado.
Los seres humanos deben tener posibilidad de cambio y el estigma sólo priva a la civilización de los aprendizajes y mejores acciones de quienes cometieron un error por circunstancias diversas. El prejuicio y el estigma solo crean un ambiente de violencia completamente perjudicial para el mejoramiento colectivo, pero también para la reconciliación como presupuesto indispensable de progreso. De allí que la Ley 2208 del 17 de mayo de 2022 sea un significativo avance en términos de humanismo y resocialización.
En el mismo sentido, la aprobación de la normativa consagrada en el Decreto 806 de 2020 como legislación permanente es el mejor legado que deja este parlamento a la justicia. La posibilidad de utilizar las diferentes herramientas tecnológicas para la realización de audiencias, radicación de memoriales y construcción digital de procesos judiciales es una transformación de paradigma con el que se administraba justicia en Colombia. La pandemia permitió reinventar las costumbres, pero también la institucionalidad a partir de una relación más flexible entre el usuario y el sistema judicial.
Así mismo, la celeridad de los procesos se potencializó con la utilización de computadores e internet para el encuentro de los diferentes intervinientes del proceso. Este último cuenta con diferentes etapas que inequívocamente pueden agotarse en forma virtual, reservando para el juez la posibilidad de ordenar vistas públicas presenciales, dependiendo del problema jurídico a resolver, la naturaleza del acto y la clase de prueba por practicar. Este esquema hibrido sintoniza la administración judicial colombiana con el Siglo XXI.
Sin embargo, muchos desafíos quedan por delante. Verbigracia, los problemas de conectividad en ciertas zonas donde la institucionalidad apenas y hace presencia puede abrir más aún las brechas entre los centros urbanos y algunos poblados distantes del territorio. En el mismo sentido, la aplicación de la virtualidad en los juicios orales de los procesos penales también es un laboratorio que deberá ser evaluado minuciosamente por la judicatura en el porvenir. Así mismo queda pendiente la virtualidad en el procedimiento administrativo, cada vez más cercano a la vida ciudadana.
Más allá de las tareas que estas dos buenas noticias generen, ahora sólo es oportuno celebrar y esperar que ambas cuenten con ideas claras en la agenda del Presidente que inicia su gestión el 7 de agosto. La reforma a la justicia espera mucho de él y, por ende, la sociedad colombiana.