Por Jhon Fáber Quintero Olaya
El discurso de la unión no puede dilapidarse a partir de una serie de anuncios, por sectores, frente a potenciales políticas públicas. El nuevo gobierno, si pretende bajar revoluciones, en una sociedad ampliamente polarizada lo primero que debe tener es prudencia. No está bien que cada uno de los Ministros entrantes anuncie una serie de programas de gobierno, cuando apenas y se encuentran en proceso de empalme. El decoro y el respeto por la administración saliente implica un estudio riguroso de la obra que se entrega y por las dignidades que ostentan los inquilinos de la Casa de Nariño hasta el 7 de agosto.
Una de esas noticias que requiere de un amplio debate está enfocada a la reforma que se prepara a la Procuraduría General de la Nación. Para algunos, con tono revanchista, el Presidente Electo, Gustavo Petro Urrego va a acabar con una institución centenaria. En sus declaraciones el mandatario ha indicado que se debe cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue proferida gracias a su iniciativa. ¿No estaría impedido el primer magistrado del Estado para una reforma que se produce a instancias de su particular condición?
A esta pregunta debe sumarse el evidente hecho según el cual en ninguna parte el tribunal internacional plantea que debe desaparecer esta importante Entidad. Una cosa es que funcionalmente la atribución disciplinaria de servidores públicos por voto popular deba tener un fuero jurisdiccional especial y otra muy diferente desconocer o acabar el diseño constitucional del Estado. Como se ha sostenido desde esta columna: no pueden confundirse peras con manzanas.
En un segundo momento el doctor Petro Urrego ya, vía trinos, expone que su idea no es la de suprimir el Ministerio Público, sino la de transformarla vía rama judicial en una “fiscalía anticorrupción”. Esta iniciativa, por lo demás descabellada, se aparta por completo de las competencias de este órgano de control que no sólo investiga y juzga faltas disciplinarias relacionadas con el presupuesto público, sino que en este rol tiene importantes competencias para garantizar el buen funcionamiento de la administración pública. ¿Qué pasaría con aquellas infracciones disciplinables que no tienen la condición de delito y que son cometidas por importantes funcionarios del Estado?
Bajo el esquema planteado por el nuevo liderazgo solamente pueden colegirse dos opciones: I) Se vuelven delitos todas las faltas disciplinarias o; II) Se crea un nuevo órgano para aquellas conductas administrativas que no tienen la entidad de llegar a la jurisdicción. En el primer caso no resultaría posible volver penal toda sanción administrativa porque ello no es admisible ni en la peor de las dictaduras y, en el segundo, se tendría que crear otra Procuraduría con un nuevo nombre, lo que no tendría sentido. Por ende, la medicina petrista genera más problemas que la enfermedad.
Así mismo, no es claro cómo van a coexistir “dos fiscalías” que en muchos casos tienen competencias concurrentes. Algunas faltas disciplinarias en materia de contratación o administración pública coinciden con delitos, no todas, por lo que no es claro en la operatividad normativa que presenta el próximo jefe de Estado como se va a distinguir entre lo que se cuestiona penalmente y aquello que se reprocha funcionalmente. Un diseño de estas condiciones se podría convertir en un caos.
Por último, tampoco es comprensible si el objetivo es crear nuevos juzgados penales para esos temas o entregar más trabajo a una administración de justicia que ya se encuentra congestionada. La tesis acusatoria que esgrime muy tangencialmente el señor Presidente no sólo implica reformas a la Constitución, Código de Procedimiento Penal y las leyes disciplinarias, sino articular todas estas modificaciones con un cambio en la legislación de administración de justicia. ¡Vaya giro copernicano!
La posibilidad de hacer todo esto en 4 años no parece real. La clave del porvenir cercano es la concentración en temas claves y no la incertidumbre institucional promovida a través de expresiones desafortunadas en los medios de comunicación antes de la posesión presidencial. Los líderes son los primeros que deben dar ejemplo de respeto por las instituciones.