Gilberto Zaraza Arcila
La verdad es la condición indispensable para que haya confianza y credibilidad en el gobierno y las instituciones. Sin embargo, en los últimos 20 años de gobiernos uribistas se convirtió en política de Estado la estrategia del negacionismo. En negar la realidad, en ocultar la verdad, en modificar las cifras, en mentir, en engañar. Para estos gobiernos, no existe conflicto armado, ni paramilitares, ni Estado narcoparamilitar, ni corrupción, ni crímenes de Estado, ni violación a los derechos humanos. Para este irrespeto a los colombianos cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, que utilizan cortinas de humo y sofismas de distracción.
Como le tienen miedo a la verdad, se han dedicado a hacer trizas los acuerdos de paz y a sabotear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); a la que han querido derogar y asfixiar presupuestalmente. Para garantizar la impunidad del expresidiario Álvaro Uribe responsable de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes. De los militares y paramilitares que actuaron en contubernio. Y de empresarios, ganaderos y terratenientes que los financiaron. El paramilitarismo son organizaciones criminales de delincuentes aliados con el ejército nacional, con políticos y empresarios, que utilizan la violencia y el miedo, con intereses políticos y económicos.
Por eso, con críticas infundadas descalifican y desconocen el Informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), fruto de un riguroso, detallado y prolongado trabajo de investigación durante 4 años, de centenares de personas presididas por el sacerdote jesuita Francisco de Roux; escuchando y verificando el testimonio de cerca de 30.000 víctimas. Con el propósito de dar a conocer lo que realmente ocurrió durante los últimos 30 años de conflicto armado.
Las cifras son escalofriantes 450.664 asesinatos, 45% a manos de los paramilitares, 27% por la guerrilla y 12% por las fuerzas armadas. El 80% de las víctimas son personas inocentes, ajenas al conflicto. 50.770 secuestros. 121.768 desaparecidos. 8 millones de desplazados y 9 millones de víctimas. Además, cientos de masacres, miles de torturas, violaciones y despojo de tierras. Estos indignantes resultados de la acción y la omisión de las Fuerzas Armadas, que tenían la obligación legal de garantizar la seguridad de las víctimas, son superiores varias veces a los de las peores dictaduras latinoamericanas o africanas. Pero el Estado se niega a reconocer su responsabilidad. Todos los presidentes de este negro periodo de la historia deben ser condenados por crímenes de lesa humanidad.
El conflicto armado fue exacerbado por la supuesta “seguridad democrática” y la estrategia del “enemigo Interno”, para acabar con la delirante amenaza del comunismo, del terrorismo y de todo aquel que piense diferente o salga a protestar para exigir sus derechos. Que considera como insurgentes a todos aquellos que viven en las regiones ocupadas por las guerrillas, y como máquinas de guerra, a menores edad reclutados forzosamente.
Este escenario de horror lo desconoce la población citadina, a la que no le preocupa, ni siente empatía por la población rural de la Colombia profunda, donde ocurre esta enorme tragedia de dolor y sufrimiento. Por eso votaron No el plebiscito a la refrendación de los acuerdos de paz. Con el miedo y la represión nos deshumanizaron, nos acostumbraron a la violencia, a ver impasibles la crueldad, a ser tolerantes con la pena de muerte. Nos acostumbraron a la indiferencia, a la indolencia, a la insensibilidad.
Para el trabajo sucio de negar lo innegable, de acomodar la historia a su manera, nombraron como director del Centro Nacional de Memoria Histórica al ultraderechista y negacionista Darío Acevedo, que asegura que no existe conflicto armado; y que conjuntamente con el gobierno descalifican mendazmente a la JEP y a la CEV por estar conformada supuestamente por personas de izquierda. Que afronta una investigación por desacato a medidas cautelares de la JEP impuestas desde el 2020, en el sentido de mantener intacta la exposición del guion “Voces para transformar a Colombia” y que al parecer fue modificado.
Los informes de la JEP sobre los crímenes de Estado han sido reconocidos por la ONU, la Corte Penal Internacional y la ONG Human Right Watch. Que se comprueban con la condena de la justicia ordinaria a 1.749 militares que reconocieron estos horrendos crímenes, por los que recibieron del gobierno, dinero, permisos, condecoraciones y ascensos.
Pero con cinismo e hipocresía el gobierno dice que son casos aislados. Que la política es “cero tolerancia” contra la violación de los derechos humanos y contra la corrupción en las Fuerzas Armadas. Y el ejército sin autoridad moral a manos del gorila comandante del ejército Eduardo Zapateiro, sale a exigir respeto a las tropas.
El conflicto en Colombia no es de izquierda o derecha. Es del derecho a la vida y no a la pena muerte. Es el derecho a conocer la verdad y no a imponernos la mentira y el miedo.
