Por Oscar Jiménez Leal
A más de las postergadas reformas económicas y sociales que reclama el momento actual, si se quiere de veras cambiar el sistema político-electoral en Colombia, es menester introducir como mínimo enmiendas a instituciones como la de las listas abiertas con voto preferente y la circunscripción nacional para la elección de senadores. Su consagración dio lugar a la perversión de las elecciones y a la degradación del sistema político en general, pues ayudó a fomentar el clientelismo, debilitó a los partidos políticos y encareció las campañas, al punto de permitir que cada candidato se convirtiera en un microempresario electoral, obligado a competir con los candidatos de su propio partido, y a financiar campañas de candidatos territoriales, mediante la inversión de ingentes cantidades de dinero que nunca aparecen en las cuentas rendidas ante el Organismo Electoral y que como toda inversión tiende a ser rescatada con jugosos incrementos, de lo cual aparecen a diario noticias en los medios de comunicación.
Para atacar tan grave patología del organismo social, es indispensable erradicar de nuestra legislación la circunscripción nacional para la elección de senadores, dejándola solo para las minorías como era su intención original, y suprimir de un tajo las listas abiertas con voto preferente, para dar paso a la elección de éstos con carácter departamental y establecer las listas cerradas o bloqueadas con participación igualitaria de ciudadanos y ciudadanas.
De otro lado, para atender los reclamos de democratización de las agrupaciones políticas en la postulación de candidatos a cargos de elección popular y tomar otras determinaciones, que en alguna medida justificaron la consagración de las listas abiertas con voto preferente, bien se puede, en virtud del carácter expansivo del principio democrático, obligar a todas las agrupaciones políticas a tomar dichas importantes decisiones en consulta directa con sus militantes y afiliados, con apoyo y supervisión del Organismo Electoral.
Adicionalmente, debería establecerse la financiación total de las campañas por parte del Estado, de manera preponderante en especie, a través de la utilización del espectro electromagnético que es un bien público de propiedad de la Nación para evitar las grandes sumas de dinero que invierten en publicidad y propaganda las campañas y los candidatos, lo cual tendría el doble efecto de facilitar el acceso a una real igualdad de oportunidades para todos los candidatos y hacer efectivo el control en el manejo de las campañas políticas, ya que quedarían proscritas fuentes de financiación distintas a las del Estado, como método de lucha contra la corrupción.
Para tal fin el Estado bien puede aprovechar los contratos de concesión de comunicaciones para introducir en ellos cláusulas que obliguen al concesionario a otorgar espacios en la oportunidad y en el tiempo que les atribuya la autoridad electoral a campañas y candidatos.
Igualmente, puede el Estado imponer en los contratos de concesión de rutas de transporte público municipal la obligación de movilizar gratis a los electores el día de las elecciones con el fin de que puedan cumplir su deber cívico, sin obstáculo alguno. De esta manera se solventarían los rubros más cuantiosos de las campañas y candidaturas.
Las reformas mínimas mencionadas no serían suficientes para el cambio de las costumbres políticas si no se le da autonomía e independencia al órgano señalado por la Constitución Política para ejecutar, supervigilar y regular la actividad política, mediante una gran reforma que lo fortalezca, y lo doten de instrumentos suficientes para su eficaz ejercicio. Para el efecto, es indispensable cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo Electoral, pues resulta inconcebible que sean los congresistas, mismos a quienes les toca vigilar, investigar y sancionar sus actividades nefandas, los que participen en su elección. Es como si los sindicados tuvieran el privilegio de escoger a sus propios jueces.
Para ello, lo ideal sería la creación de un Gran Tribunal Electoral con funciones jurisdiccionales, a semejanza de los existentes desde hace varias décadas en México, Brasil, Uruguay o Costa Rica, como lo propuse en su momento a raíz de la crisis política como consecuencia del proceso ocho mil, en sustitución de la Sección Electoral del Consejo de Estado, y que produjo una aplastante reacción en mi contra, al ser sindicado injustamente y equivocadamente de pretender acabar con esa venerable institución.
No obstante, para evitar herir la sensibilidad o el espíritu de cuerpo natural de los integrantes de las instituciones existentes, y para idénticos fines jurisdiccionales, se podría integrar entonces el Consejo Nacional Electoral con la Sala Electoral del mismo Consejo de Estado, bajo su nominación y control de legalidad, logrando así su necesaria autonomía e independencia.
Bogotá 2 de agosto de 2022
