Atraco perpetuo

23 agosto 2022 7:40 pm

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Gilberto Zaraza Arcila

Los recursos del Plan de Alimentación Escolar PAE,  que se creó con el objeto de facilitar el acceso  y la permanencia, se convirtieron desde hace muchos años en la piñata de políticos, gobernantes y contratistas, que sin escrúpulos y  ninguna sensibilidad, saquean los dineros asignados a este plan.

A pesar de las numerosas denuncias de corrupción en su manejo como las presentadas hace 4 años por el contralor Edgardo Maya, sobre faltantes de más de $84.000 millones de pesos e investigaciones a 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes, sin resultados; el saqueo no se detiene. Como prueba que el Estado no funciona, porque Fiscalía, Procuraduría y Contraloría no actúan de manera rigurosa y ejemplar para impedirlo.

En Armenia en la administración de Luz Piedad Valencia una veeduría ciudadana denunció ante la procuraduría y la contraloría un faltante en el PAE por más de $1.000 millones, sin ninguna consecuencia. La semana pasada el diputado Luis Carlos Serna denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría los presuntos delitos de adjudicación de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato y falsedad en documento público, en la adjudicación del contrato del PAE en el Departamento.

El contrato fue adjudicado  a la Unión Temporal Unidos Somos Más  por el secretario jurídico y de contratación de la gobernación Julián Mauricio Jara, luego de una licitación pública amañada y sin la debida planeación y verificación de la capacidad instalada, técnica, administrativa, operativa, jurídica y financiera del operador contratado, exigida por la ley.

El contrato suscrito por valor de $9.217 millones de los cuales el departamento solo aportó $250 millones, empezó a ejecutarse  el  14 de marzo con 45 días de retraso; cuando debió empezar el 31 de enero día de inicio de clases escolares.  Sin la debida supervisión y control que hubiera podido detectar los graves incumplimientos como entrega de alimentos en mal estado, cantidad y calidad insuficiente, carencia de sitios adecuados de almacenamiento y refrigeración  de alimentos, pagos anticipados sin los respectivos soportes, etc.

El contratista fue sancionado por incumplimiento con la menor sanción posible el 1% del contrato, cuando ameritaba haberse aplicado la máxima del 10% del valor del contrato. Como se vio superado por la obligación contractual le cedió el contrato a  la Unión Temporal Sinergia 2022, que resultó peor, porque a los 15 días dejó abandonada la ejecución del mismo.  Cesión que no debió ser permitida por la gobernación.

Esta negligencia, irresponsabilidad, falta de transparencia y sensibilidad de funcionarios públicos y contratistas, demuestran su baja condición humana, vulnerando gravemente los derechos de cerca de 30.000 niños( que supuestamente son prioritarios y prevalecen sobre los demás), que llegan a recibir clases con hambre, porque en sus hogares no hay ni para una agua panela. Dejando a 45% de los niños sin estos alimentos. 

Aunado a este desastre, el gobernador del Quindío, de manera irrespetuosa se lava las manos y  le miente a la comunidad, al informar que el contrato fue adjudicado en Bogotá por la Bolsa Mercantil de Colombia.

El PAE Pacto para Atracar Estudiantes, es un fracaso. El presupuesto nacional para este año es de 2.7 billones de pesos. Pero la corrupción está acabando con él. En décadas de saqueo de estos recursos, el monto total apropiado por las ratas supera varios billones de pesos. Por falta de denuncias y de acción de las autoridades,  estos injustificables delitos se quedan en la impunidad.

 Con el programa de transporte escolar  también se presentan  notables retrasos  y graves irregularidades  en la prestación del servicio, que están generando deserción escolar.

En el gobierno del cambio no puede seguir ocurriendo este latrocinio. Estos recursos deben ser manejados por el ICBF o por la Bolsa Mercantil. Los organismos de control inoperantes y cómplices de este atraco perpetuado deben ser suprimidos. Y los funcionarios públicos y contratistas corruptos deben ser condenados en cárcel intramural a las máximas penas  y sin ninguna clase de beneficios. Aunque la única forma de acabar de raíz con la corruptocracia es la de implantar la pena de muerte  como lo hicieron  China, Indonesia, Singapur, Corea del Norte, etc.

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