Jhon Fáber Quintero Olaya
Uno de los acontecimientos que ha marcado la agenda pública durante las últimas semanas ha sido la invasión de tierras por centenares de familiar que con la esperanza de encontrar un mejor futuro decidieron hacer suyos terrenos de particulares o del Estado. Los anuncios ligeros de una reforma agraria y la histórica inequidad en la redistribución del territorio fueron gasolina para que en diferentes regiones la ciudadanía creyera en el inmediato pacto por la vida. La responsabilidad del gobernante también debe medirse en la prudencia con la que se venden los ejes programáticos.
De acuerdo con el informe anual de la CEPAL en la Región este diagnóstico es, igualmente, complejo por cuanto se pasó del 13.1% a 13.8%[1], es decir, un incremento de 5 millones de ciudadanos en esta lamentable condición. Colombia no fue la excepción a este marco de circunstancias y según el DANE en el año 2021 llegó a tener una pobreza extrema del 12,2% con más de 6 millones de personas en pobreza extrema[2]. Entre el 2020 y el 2021 hubo una ínfima disminución, pero las cifras siguen siendo alarmantes.
La redistribución de la tierra ha sido uno de los flagelos históricos del País, al tiempo que la concentración de la misma en pocas personas fue uno de los detonantes violentos de nuestro pasado. Los desplazamientos y el uso de la fuerza se evocan en testimonios que la Comisión de la Verdad ha retratado con gallardía histórica. La reconciliación ciudadana emergente de la paz tiene necesariamente que pasar por una reforma agraria.
En forma reciente el Gobierno ha anunciado el fortalecimiento de una jurisdicción en esta materia que no es nueva, puesto que varios esfuerzos legislativos del ayer previeron una competencia especializada en asuntos de tierras. De igual manera, diferentes reformas al ordenamiento territorial se han planteado, algunos con éxito, pero pocas atendiendo las condiciones reales de algunas zonas del País. Un ejemplo de ello fue la exposición del Director de Planeación Nacional cuando ante los puntos del nuevo plan de desarrollo expuso que era apremiante la disminución de brechas regionales. El Cauca es más pobre que el Valle del Cauca añadió el jefe de esta cartera.
Estos contrastes que pueden ser realizados en toda la Nación encuentran en las tomas irregulares de predios rurales un consecuente resultado. No es justificable que las personas violen la Ley y menos los derechos de otros, pero tampoco que las oportunidades de millones de personas estén limitadas a la indigencia. Los derechos de uno y otros reclaman con urgencia un punto de equilibrio. Los ganaderos llaman “a la solidaridad” lo que genera recuerdos siniestros y los invasores vivienda digna, agua potable y saneamiento básico. ¿No son ambos escenarios totalmente válidos?
El dialogo como instrumento de desalojo es una alternativa para mejoras inaplazables y el uso de la fuerza una responsabilidad para que no exista expropiación por vía privada. Una sociedad no tiene futuro si los ciudadanos se abrogan derechos a través de la coerción, pero tampoco si el contrato social no genera las garantías de una vida digna. Una paradoja que tiene impronta en nuestra institucionalidad, pero que ya no permite más paciencia. Las marchas del 2019 y 2021 así lo demostraron, ahora con algunos de sus promotores en lo más alto de la administración.
Ver niños en tiendas rudimentarias de predios particulares es aterrador, lo mismo que personas de etnias luchando con campesinos cada uno con sus razones y convicciones. Es momento de dejar las pasiones, entender que sin el sacrificio de todos difícilmente somos viables como colectivo y que sólo la empatía puede lograr lo que la sanción y las balas hasta ahora no vencieron. No se trata de ser iguales, pero sí de buscar equilibrios para que el progreso no sea una cuestión de heroísmo, sino de decisión.
La comprensión de lo verdaderamente humano y los consensos frente a los retos son indispensables para combatir la impaciencia, la desesperanza y la desconfianza en las instituciones.
