Jimena Marín Téllez

Aunque el divorcio está consagrado desde la expedición del Código Civil en 1887, solo hasta 1992 se permitió para parejas casadas por medios distintos al matrimonio civil. Antes de eso, si una persona se casaba por lo católico, solo podría divorciarse a través del difícil y largo proceso que la iglesia dispone, el cual, por costoso, era inaccesible para muchos.

A partir de 1992, dicha figura se expandió para cubrir toda clase de matrimonios, haciendo una división entre el divorcio para efectos civiles en Colombia y el divorcio para efectos religiosos. Las personas pueden divorciarse con todas sus consecuencias aun si se casaron por la iglesia, pero seguirán casados ante Dios si no deciden adelantar el procedimiento de nulidad respectivo.

Esto generó mucha más libertad para decidir sobre las personas con quienes queremos pasar nuestras vidas.

En su tiempo, hubo críticas a dicha medida porque se pensaba que generaría degradación de la institución de la familia. En cierta medida, ese efecto se evidenció: muchos de los papás de las personas de mi edad, que en los 90s estaban en la primera década de su matrimonio, se divorciaron.

Esto antes era impensable. Las personas se casaban para toda la vida, aún a costa de su salud emocional y física. Muchos aguantaban por años, en cumplimiento de la convención social, a parejas maltratadoras.

En todo caso, es innegable que los seres humanos somos más propensos a deshacer los vínculos cuando existen pocas o nulas consecuencias. Por ejemplo, cuando en un contrato se incluye una cláusula penal, las partes se abstienen en mayor medida de incumplir el acuerdo por el efecto económico que ello conlleva. Lo mismo sucede con las personas: al incorporarse al ordenamiento jurídico la figura del divorcio, se aumentaron los desincentivos para divorciarse.

Sin embargo, y aunque la Ley de 1992 fue revolucionaria, en Colombia aún no es posible divorciarse de alguien por el simple y llano deseo de hacerlo. Si queremos divorciarnos tiene que ser de mutuo acuerdo o alegando ante un juez una de las causales establecidas en las normas, como la infidelidad o el incumplimiento de los deberes conyugales.

Es decir, el Estado, en cierta forma, me está obligando a permanecer en un vínculo íntimo con alguien con quien no quiero estar.

Por tal razón, en la actualidad cursa en el Congreso un proyecto de ley para permitir que las personas puedan divorciarse cuando y como quieran, sin que medie aquiescencia de su cónyuge. Esto, como en los 90s, puede verse desde ambos lados de la moneda: como una idea revolucionaria o como el final de la familia como la conocemos. Y, para mí, tiene ambas consecuencias.

Por un lado, claro que es una idea revolucionaria. Las personas tendrán más autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, pudiendo elegir con quien estar sin necesidad de tantas trabas legales.

Por otro lado, claro que será la destrucción de la institución familiar como la conocemos. Los divorcios serán aún más comunes, generando que muchos más niños crezcan con padres separados. Esto generará nuevas dinámicas que no necesariamente tienen que ser malas.

Por ejemplo, imagino que podría generar un beneficio para los niños de padres divorciados, pues ya no serán estigmatizados entre sus amigos por esa situación.

También probablemente se abrirá la puerta a que la sociedad acepte con mayor facilidad y sin discriminaciones otras opciones de familia, tales como las de madres y padres solos.

Por otra parte, es posible que genere más tensiones familiares y peleas entre los padres, lo cual puede redundar en la disminución del bienestar del niño. Sin embargo, creo que a largo plazo será beneficioso pues el divorcio se normalizará tanto que en algún momento las parejas aprenderán a separarse sin dramas ni odios.

En todo caso, más allá de que tanto la posición a favor como la posición en contra son válidas, lo cierto es que defender o no el divorcio libre no es un tema de cómo afecta la institución familiar, sino de que el Estado no debe inmiscuirse en las relaciones íntimas de las personas.

El Estado solo debe regular lo estrictamente necesario para que el país económicamente funcione. El hecho de que por tantos años el gobierno haya intentado controlar con quién compartimos nuestra cama es, por lo menos, aberrante.

Por lo tanto, el divorcio libre, a pesar de las consecuencias negativas o positivas que pueda traer, es una conquista inmensa para la libertad de los individuos en Colombia, solo equiparable con la permisión del aborto o la eutanasia.