Gilberto Zaraza Arcila
En el trámite de la actual reforma tributaria, indispensable para poder atender los programas sociales prometidos por el gobierno del cambio, se están imponiendo las presiones de los poderosos. La plutocracia está acostumbrada a que todos los presidentes y congresistas que hace elegir, gobiernen y legislen para favorecer sus intereses económicos, reducir los controles y ampliar las libertades que faciliten la concentración de la riqueza, el dominio de monopolios y oligopolios, que permitan la evasión y la elusión fiscal y les otorguen exenciones, beneficios y billonarias deducciones tributarias.
En contravía de la constitución las reformas han sido regresivas, inequitativas e ineficaces, donde terminan aportando más la clase media y los estratos populares. Como la que se propone ahora es progresiva y equitativa, los ricos y superricos que son avaros y llorones salen a protestar y a presionar con mentiras, creando miedo a través de los gremios económicos y los congresistas de la oposición. Con el argumento que van a desincentivar la inversión y la generación de empleo, que van a perjudicar a las personas de más bajos ingresos, y las pensiones de más de 5 millones de pesos. Todo eso es falso.
El 80 % del empleo es generado por las mipymes que deben tener una tarifa diferencial. Los empresarios, banqueros y terratenientes que tienen la política de privatizar ganancias y socializar costos, perdidas e impuestos; hicieron aprobar leyes de flexibilización laboral para reducir costos laborales y precarizar la clase trabajadora. En vez de crear puestos de trabajo, recortan personal, como lo demuestran las largas colas en bancos, supermercados y EPS. Prefieren destinar el 90% de la tierra productiva a ganadería extensiva con escasa mano de obra, o dejarla improductiva, que dedicarla a la agricultura que genera millones de empleos.
Son egoístas e insolidarios con los estratos bajos, guardaron silencio cuando su ministro Carrasquilla quería gravar toda la canasta familiar en plena pandemia. Cada año se oponen a un aumento justo del salario mínimo, que porque es inflacionario, genera desempleo y perjudica la formalización. En el país hay un alto índice de desempleo, el 62% de la población está en la informalidad sin ingresos fijos, ni protección social, y el 50 % de la población trabajadora gana menos de un salario mínimo, lo que implica que hay explotación laboral. Esto demuestra falta de humanismo y responsabilidad social patronal.
La ANDI desinforma diciendo que no se necesita reforma tributaria que porque las finanzas del Estado son boyantes, y que por eso no se justifica la tasa efectiva de tributación del 65% que pagaran las empresas. El ministro de Hacienda asegura que solo será del 29%, muy inferior a los que tributan las empresas en Estados Unidos y Europa. Según la OCDE y la CEPAL la recaudación tributaria en Colombia como porcentaje del PIB es del 18.7%, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe que es del 21.9% y por debajo del promedio de los países de la OCDE que es del 33.5%.
Las presiones y el llanto de los cacaos lograron bajar el monto a recaudar que inicialmente era de $50 billones a 25 como fue presentada al congreso, hoy va en 22, cuando sea aprobada estará alrededor de $20 billones o menos. Se oponen a los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados que producen enfermedades de alto costo para el sistema general de salud, como la diabetes y la obesidad, porque se les daña el negocio de la atención médica en las EPS. La salud de los consumidores no les interesa. Creo que el gobierno ha cedido demasiado a los privilegiados, que no quieren pagar impuestos. Amenazan y chantajean con llevarse las empresas del país, pero no lo harán porque en cualquier otro país pagarían más impuestos. Parte de sus capitales se los llevaron hace tiempo, están en la Bolsa de Valores de Nueva York o en los paraísos fiscales.
Los dueños del capital olvidaron que lo que produce riqueza es la fuerza de trabajo que genera valor agregado, el capital por sí solo no produce riqueza. Sin embargo están destinando sus capitales no a empresas productivas industriales y agroindustriales que generan millones de empleos, sino a la financiarización, que no es más que la especulación financiera, crédito a corto plazo apalancado en títulos, bonos de deuda pública, acciones, hipotecas, etc.
La financiarización perjudica el crecimiento de la economía y el bienestar de la comunidad. Las utilidades obtenidas no se dedican a la generación de empleo, son direccionadas a la compra o recompra de acciones, para concentrar la propiedad. El capitalismo rentista y la economía extractiva producen inestabilidad, incertidumbre y crisis económica.
Cuando Colombia tenga instituciones, fuertes, eficientes y transparentes no necesitará más reformas tributarias. Si se aprueba la cárcel para los evasores y elusores de impuestos como lo hacen en los países desarrollados. Si se combate la corrupción con pena de muerte o cadena perpetua. Si se persigue el contrabando con penas ejemplarizantes. Si se acaba el derroche y se disminuye el tamaño del Estado burocratizado, ineficiente e inoperante. Se podrían recaudar 120 billones de pesos anualmente. A grandes males, grandes soluciones. Seguir haciendo lo mismo es estupidez. También es indispensable que se suscriba cuanto antes el convenio con la ONU para traer la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, como lo prometió Gustavo Petro en campaña. Ese cáncer tiene al país en estado terminal.
Colombia es un país privilegiado por ubicación, extensión, la fertilidad de sus tierras, las riquezas naturales, la biodiversidad, los climas, etc. Mejores condiciones y ventajas comparativas respecto a los países europeos. Si hubiera una institucionalidad sólida, con credibilidad y confianza, con gobernantes honestos, tendríamos mayores tasas de crecimiento, desarrollo económico, paz y elevada calidad de vida, superior a cualquier país europeo.
Nota. ¿Cuándo se recuperará y reabrirá al servicio de las clases populares el Parque de Recreación Popular? Esta abandonado causando un enorme detrimento al patrimonio público de la ciudad. Alcalde por favor haga algo.