La reforma política y electoral

25 octubre 2022 5:26 pm

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Gilberto Zaraza Arcila

Para recuperar la democracia es necesaria una reforma a fondo del sistema electoral  que le devuelva la confianza y la credibilidad, porque el Consejo Nacional Electoral y la Registraduria están  politizados y permeados por la  corrupción. No investigaron el fraude electoral presentado en la elección ilegitima de los últimos presidentes, entre 1994 y 2018, con el respaldo de narcotraficantes, paramilitares, empresarios y contratistas. Ni la elección espuria de muchos congresistas. Ni la financiación ilegal a las campañas, ni la violación a los topes, etc.

En Colombia solo vota entre el  45% y el 55% del censo electoral. Los gobernantes son elegidos por  minorías que no votan libremente sino constreñidos o mediante la compra del voto, o lo hacen con la cedula de personas fallecidas. Es una vergüenza. Pero sin autoridad moral queremos darles elecciones a los demás países, con la falacia de que somos  la democracia más antigua y sólida de América Latina.

Por lo anterior, es indispensable que la reforma incluya el voto obligatorio y el voto electrónico.  Y para cumplir con lo acordado en los acuerdos de paz que permita ampliar los espacios de participación política, hay que aprobar la lista cerrada con equidad de género y la financiación de las campañas, 100% con recursos del Estado.

Se debe eliminar la circunscripción nacional para el senado, ya que hoy 11 departamentos con menor población y más atrasados,  no tiene senador, porque los caciques electorales  de otros departamentos con elevadas sumas de dinero compran  a gobernantes y líderes políticos los votos. Se debe adoptar un sistema similar al de la Cámara de Representantes. Mientras Bogotá tiene 12, Antioquia 14, Valle 9 y Atlántico y Santander 8 senadores, que se llevan la mayor parte de los recursos de inversión de la nación.  

Para fortalecer los partidos hay que suprimir el voto preferente y prohibir el transfuguismo, que como pasó en el gobierno de Uribe debilitó a los partidos Liberal y Conservador, que no volvieron a elegir presidentes. Solo se debe permitir la elección máxima en dos periodos continuos o discontinuos en cualquier corporación pública.

La rendición de cuentas electorales la deben presentar los partidos y no los candidatos. Debe reglamentarse la democracia interna de los partidos, para la selección transparente de los candidatos  y el otorgamiento de avales solo a quienes tengan como mínimo 1 año de militancia en el partido.  

También es imprescindible cambiar el CNE por un Tribunal Electoral elegido por las altas cortes y  reglamentar la elección del Registrador Nacional mediante un estricto y transparente concurso público de méritos, sin intervención política. La reforma debe ser aprobada para entrar en vigencia a partir de las elecciones  regionales de octubre del 2023.

Si se aprueban los micos del transfuguismo, que permitirá la operación “manguito” de infiltrados (muchos de ellos corruptos) de los partidos tradicionales en las listas del Pacto Histórico o Colombia Humana, después de elegidos traicionaran los compromisos políticos y entrarán a torpedear al gobierno con el objeto que le vaya mal para recuperar el poder en el 2026. Y el de permitir la puerta giratoria de congresistas que renuncian para ser nombrados en el poder  ejecutivo o elegidos gobernadores o alcaldes; se estará permitiendo una burla y un engaño al elector, y debilitar  el sistema de pesos y contrapesos. 

Tampoco, se debe aprobar la creación y reconocimiento de personería jurídica a partidos de garaje con la recolección de solo 80.000 firmas que pueden ser compradas. En el país hay exceso de partidos, 25, la mayoría minoritarios que se dedican a la venta de avales. Ni mucho menos la financiación privada de las campañas, porque desequilibra la competencia, que no será ideológica, ni programática, sino financiera  y con dineros ilícitos.  

Una reforma aprobada con estos orangutanes será a favor de los politiqueros corruptos, clientelistas y compradores de votos y en contra de los electores. Será una reforma gatoparda para que todo siga igual.

La reforma política y las demás reformas económicas, sociales, ambientales, etc, no deben ser a gusto de los perdedores. Deben ser aprobadas como fueron prometidas y por las que votó la mayoría de colombianos. Deben ser consensuadas con el pueblo  y a su favor, y no con los partidos tradicionales, congresistas y grupos económicos y de acuerdo a sus conveniencias. Ya que le están jugando sucio al gobierno, les entregaron  de manera generosa burocracia y el manejo de la  contratación, pero se siguen oponiendo a las reformas, chantajeando para exigir mayor participación burocrática y presupuestal.  Poder que utilizaran para sus maquinarias clientelistas en las elecciones del 2023. Si el Pacto Histórico no es empoderado y  no gana las elecciones regionales, la continuidad del gobierno del cambio en el 2026, está en serio riesgo.

Después del triunfo los gobernantes de derecha solo se reúnen con los ganadores, los gremios económicos y la clase política, para acordar las reformas que favorezcan sus intereses; sin  dialogar y tener en cuenta a la mayoría de la población representada en las clases media y baja, excluidas del progreso y el desarrollo. Y se quedan con toda la burocracia, a los perdedores no les dan nada.

Si esta reforma y la tributaria no son aprobadas como fueron prometidas, hay que empezar  a impulsar una Asamblea Constituyente para obligar al gobierno a cumplir sus compromisos y lograr la  aprobación de las grandes reformas que el país requiere para salir del subdesarrollo, de la exclusión social y de ser uno de los países con mayor concentración de la riqueza y mayor desigualdad en el mundo.  Por lo pronto, hay que salir masivamente el próximo 9 de noviembre a apoyar la marcha de respaldo al gobierno  progresista. 

 

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