Cuestiones de paz total

28 octubre 2022 5:47 pm

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Jhon Faber Quintero Olaya

En una Nación que desde sus comienzos de vida republicana ha estado en guerra la paz es un anhelo, una búsqueda incesante. En diferentes episodios de la República se ha intentado evitar la muerte como una constante; esfuerzos que no han tenido éxito y que han finalizado en nuevos escenarios de confrontación. Por ello, la redacción originaria del artículo 22 constitucional ha indicado que: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Se plantea en la transcripción de esta cita de un enunciado inicial, por cuanto el mismo fue modificado por cuenta de los Acuerdos de Paz suscritos con la Guerrilla de las FARC. Esta negociación culminó con una ambiciosa agenda reformatoria que hoy se cumple y que está encaminada a la reconciliación ciudadana. Aspectos de orden político, agrario y social hicieron parte de un contrato que propende por un mejoramiento en la vida del campo y la ciudad, al tiempo que la justicia transicional y la Comisión de la Verdad retrataban verdades que a veces se quieren ocultar.

Los antagonismos y versiones sobre las responsabilidades y actores del conflicto no han escapado a cuestiones ideológicas. La imposibilidad de consensos y la intolerancia histórica con la posición del otro se han llevado a la agenda gubernamental, pese a lo cual los Acuerdos de Paz hoy son un norte institucional para el porvenir. A este respecto de antaño indicó la Corte Constitucional que: “En esa dirección, la jurisprudencia más reciente de este Tribunal ha puesto de presente que la protección constitucional de la paz, al paso que implica un deber estatal de diseño e implementación de acciones, normativas y de política pública, dirigidas a la superación del conflicto armado y, en general, el logro de la convivencia pacífica, comporta, también una opción preferencial por la solución pacífica como instrumento constitucionalmente deseable de resolución de las controversias y el logro progresivo de la plena vigencia de los derechos fundamentales” (Sentencia C-630 de 2017).

Ese sano equilibrio entre la convivencia pacífica y el respeto a los derechos fundamentales hace parte de la finalidad misma del Estado, para lo cual es inexorable el objetivo de la paz. Sin embargo, con posterior al evento del teatro Colón los desafíos para lograr la ausencia de muertes en los territorios pasan por grandes pruebas, al tiempo que la agenda del nuevo gobierno está marcada por la idea ambiciosa de la paz total. Un proyecto reformatorio de la Ley 418 de 1998 ha sido aprobado por el Congreso de la República en esa vía.

No obstante, el trámite parlamentario de la nueva normativa no estuvo exento de polémicas. La incorporación de amnistías o indultos a determinadas personas por cuenta de investigaciones penales en curso no es un buen antecedente. Los procesos penales deben ser resueltos por los jueces penales, previo debido proceso, por lo que una intervención del Ejecutivo en este tema es un riesgo. Pese al retiro del articulado con este propósito ya se anunció por el Ministro del Interior que se persistirá en esta idea, pero bajo una regulación especial. Ello sin duda va a generar un rechazo colectivo porque no se puede atropellar la presunción de inocencia, pero tampoco la administración de justicia.

Así mismo, la ausencia de rechazo a renegociaciones con quienes en el pasado desistieron de la negociación genera mantos de duda a los sanos propósitos de conversaciones integrales de paz. Quienes se encuentran en una nueva lucha armada tienen todo el derecho a ser oídos, pero no en las mismas condiciones que quienes cumplen los acuerdos y menos que respecto de organizaciones que por primera vez. El sometimiento y la aplicación del derecho era algo que en forma expresa tenía que quedar en el reglamento de la paz total para estas personas. Sin embargo, los Congresistas con el lineamiento del gobierno no acogieron esta proposición.

Estas dos situaciones en el porvenir pueden generar riesgos a la paz total o, lo que sería más grave, a lo ya alcanzado con los ex combatientes que siguen firmes con los acuerdos iniciales. El fin no justifica los medios y no puede sacrificarse lo que se ha conseguido por alcanzar nuevos objetivos. En fin, la historia de estas dos cuestiones continuará.    

 

 

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