Jhon Fáber Quintero Olaya
Se aproximan las elecciones territoriales, es decir, aquellas encaminadas a autoridades locales. Alcaldes, Gobernadores, Concejales y Diputados están a la vuelta de la esquina a menos de un año. Las preguntas sobre estos temas son tan grandes, como las opiniones, pero las respuestas se caracterizan por la incertidumbre que siempre se encuentra asociada al futuro.
Sin embargo, las reglas de juego del porvenir democrático se encuentran en una discusión fuerte por cuenta de novedosas iniciativas parlamentarias. Diferentes proyectos de Ley se han presentado para la modificación del actual Código electoral. En honor de la verdad es preciso mencionar que esta tentativa de normativa se ha frustrado en diferentes escenarios y oportunidades. Desde la legislatura anterior se viene insistiendo en este propósito.
La actualización de las instituciones es una carencia sentida y genera consensos en los diferentes actores institucionales. El Consejo Nacional Electoral admite diferentes críticas tanto en la provisión de sus titulares como en sus funciones. De igual forma, la Registraduría requiere de una modernización operativa y en sus competencias para evitar los traumatismos de las parlamentarias de marzo.
Al contrario de lo que sucede con la organización electoral, el Consejo de Estado en su sala electoral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo cumplen con idoneidad su rol de administrar justicia. Los procesos de nulidad electoral y pérdida de investidura se llevan en forma célere, al tiempo que no superan el año o año y medio para ser resueltos en forma definitiva. De igual forma, la jurisprudencia en el ámbito de elegir y ser elegido es clara y armónica con el ordenamiento jurídico, con algunas turbulencias propias del relativismo humano.
Un proyecto de Ley con la expectativa de crear una súper Corte en materia electoral no hizo eco en el Congreso y contó con el rechazo de la judicatura. Ello, por cuanto las salidas a los problemas de la estructura electoral no están encaminados a la administración de justicia, sino en otras dimensiones como ya se acotó. Sin embargo, el debate al respecto continúa.
Ahora y luego de la reforma tributaria, el Gobierno Nacional ha presentado mensaje de urgencia al proyecto de Código Electoral que parece jubilarse en el Capitolio. Los debates conjuntos y la premura para los debates se acompasan con la proximidad de las elecciones del año entrante. Es absolutamente pertinente que el señor Presidente cumpla con sus promesas de campaña, pero debe reflexionarse sobre la transición del nuevo marco jurídico para no afectar los proyectos partidistas que ya tienen calendario electoral.
Verbigracia, los avances en cuota de género en las diferentes listas a Corporaciones públicas son indispensables en la lucha por la igualdad de género. No obstante, con el fenecimiento de los periodos de los actuales mandatarios no pareciera justificable que este cambio radical empezara en el 2023. Ello podría poner en riesgo la constitucionalidad del Código en formación.
El avance en esquemas biométricos y nuevas formas de ejercer el derecho al voto también deben ser apoyados, pero con la transición responsable para no afectar procesos políticos que si bien no implican derechos consolidados si generosas expectativas que surgen a partir de un marco jurídico ya definido. La certeza y la confianza no son valores exclusivos de la economía, sino también de la democracia porque el principio de legalidad exige que todos los candidatos y candidatos cuenten con una normativa estable y decantada con la anticipación razonable a la construcción de planes, programas y propuestas. No es conveniente una reforma electoral que se aplique a unas elecciones ya en autopista.
La hora de la democracia ya está definida y la responsabilidad del Estado es garantizar la imparcialidad, igualdad y transparencia en el ejercicio democrático. De igual forma, el Código Electoral debe analizarse e implementarse, pero no perder legitimidad por ser aprobado en un tiempo que no resultaría adecuado. La prudencia es arte de gobierno y de moralidad pública.