Jhon Fáber Quintero Olaya
En la reciente semana se cumplieron los primeros cien días de gobierno del Presidente Gustavo Petro. La evaluación parcial de la gestión del mandatario tiene picos muy altos, pero también nubarrones de improvisación, imprudencia, mala gestión y ausencia de nombramientos en diferentes Entidades. La expectativa alrededor de temas económicos, tributarios, de salud, agrarios e incluso políticos han generado que la habitual paciencia social se haya visto atípicamente transformada por prematuras marchas en contra de diferentes iniciativas del Ejecutivo.
Dentro de los puntos de reconocimiento encontramos a un Jefe de Estado con destacadas intervenciones a nivel internacional en defensa del cambio climático y de la política multilateral de lucha contra las drogas. En la ONU, Egipto y en reuniones multilaterales se ha visibilizado la perspectiva del doctor Petro Urrego frente al Amazonas y la transición energética con la finalidad de la preservación de la vida. En consonancia con ello fue sancionada finalmente la Ley aprobatoria del Tratado de Escazú.
Así mismo, la nutrida agenda legislativa evidencia un trabajo constante por parte del Presidente y su equipo de gobierno, al tiempo que proyectos de Ley como la reforma tributaria o la prórroga de la vigencia de la Ley 418 fueron debatidas en tiempo record y son valiosos instrumentos para el porvenir del mandato y la construcción del Plan de Desarrollo. En materia jurídica la creación de la Jurisdicción Agraria es una gran apuesta. En general el legislativo ha tenido una dinámica significativa en este interregno.
De manera negativa se pueden contar los peligrosos anuncios de algunos Ministros desde antes de la posesión presidencial. El protagonismo de algunos funcionarios relacionados con los hidrocarburos y los contratos de concesión vigentes o futuros generó una polémica innecesaria, por cuanto aún no se tiene la brújula de política pública respecto a los próximos cuatro años. Igual cuestionamiento puede hacerse frente al sector salud y hasta a la modificación de las condiciones de trabajo y seguridad social.
En materia reforma rural se tiene como un objetivo sano la redistribución de tierras incautadas y bajo el dominio de la Sociedad de Activos Especiales. No obstante, las premisas de cambio estimularon invasiones de miles de terrenos privados en diferentes zonas del País. La reacción de la fuerza pública fue tardía y los llamados al diálogo totalmente inoportunos. La responsabilidad de un administrador está tanto en lo que hace como en lo que dice.
La atención de las emergencias de la ola invernal no ha sido del todo satisfactoria, por cuanto puentes y vías se vienen al suelo sin un adecuado programa de protección y prevención que tenga sintonía entre las autoridades de gestión del riesgo del orden nacional y territorial. De igual forma, la mezcla de la atención de la adversidad climática con la denominada “lucha contra el hambre” genera dudas desde la perspectiva de la especialidad presupuestal, la destinación de recursos públicos y la legalidad de ingresos y gastos. La apuesta de lograr igualdad de derechos es altruista, pero no puede ser mezclada con una determinación de contingencia como aquella conexa a defender a la ciudadanía de la fuerza de la naturaleza. La coherencia entre ambos extremos es tan discutible como lo era la constitucionalidad del proyecto de Ley que compelía a los medios de comunicación a hacer determinadas campañas de justicia.
La distancia entre el sector productivo y el Gobierno Nacional tampoco es un buen mensaje en tiempos de inflación y vientos de recesión económica. Los exacerbados anuncios sobre el sistema de salud no son adecuados para un Presidente, por cuanto él unifica a la Nación a partir de información real, técnica y correctiva. El timón del barco estatal lo tiene el doctor Gustavo Petro y de él se espera no la acostumbrada crítica de oposición o destrucción, sino la perspectiva del estadista que encuentra oportunidad de mejora sobre lo construido.
En estos cien días la lluvia ha sido una constante y el Gobierno tiene cosas por fortalecer, otras por destacar, pero lo más importante es que cuenta con tiempo para evaluar, progresar y consolidar. La Nación requiere de una Administración técnica, objetiva y que defienda integralmente los intereses de la ciudadanía y exige de ella apoyo, confianza, paciencia y solidaridad con los gobernantes. El caminante apenas empieza su recorrido y la esperanza sigue vigente.
