Por Libardo García Gallego
Las leyes dizque fueron hechas para garantizarle los derechos humanos a todo mundo, pero viéndolo bien, parece que en Colombia son para favorecer a los delincuentes y castigar a los inocentes. Los funcionarios de la Justicia dicen que ellos sólo se limitan a aplicar la ley y, como denuncia la alcaldesa de Bogotá, no puede ser que los homicidas y ladrones queden libres, a las pocas horas de haber cometido un delito, porque un juez los consideró inocentes o porque no había pruebas para enviarlos a la cárcel.
¿Quién puede explicarme, con la ley y la lógica, por qué si durante el gobierno del expresidente Uribe Vélez, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, fueron asesinados miles de inocentes por las FF.MM. este sujeto siempre sale libre de las audiencias donde lo juzgan por tales hechos? ¿Cómo vamos a recuperar los bienes de los corruptos y paramilitares ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que el gobierno anterior no pudo o no alcanzó a devolver a sus dueños? ¿Cómo vamos a recuperar los billones de pesos que los contratistas corruptos le han robado del erario? Aquí en el Quindío tenemos el ejemplo de una alcaldesa que no devolvió sino el 10% o menos de lo robado y de encima le dieron la libertad. ¿Cómo vamos a devolverles sus chagras o fincas a los pequeños y medianos campesinos despojados de las mismas por los terratenientes, y cómo se las vamos a quitar a estos pícaros?
¿Cómo vamos a hacer para que a los cargos públicos y a los poderes del Estado sólo lleguen personas con suficientes méritos académicos y poseedores de moral y ética intachables? No lacras como el Fiscal General de la Nación, encubridor de unos, sus amigos o respaldados por éstos, y acusador de los demás, o como el Senador Mario Castaño, acaparador de números contratos y coimas, aliado hasta con la madre de un expresidente igualmente corrupto. Estos son dos ejemplares de la clase de personas cuyo lugar de estadía debe ser la cárcel y no el poder estatal.
La cuestión es muy difícil, más cuando algunos delincuentes han sido incluidos en Comisiones dialogantes para buscar la Paz Total, objetivo central del Pacto Histórico. El Gobierno del runcho Duque regaló parte importante del presupuesto nacional y las ayudas e inversiones para atender el desastre climático son muy abundantes y deben resolverse ya, sin postergación.
Los colombianos que queremos otro país, como lo describí en columna anterior adjunta enseguida, tenemos que rodear este gobierno sin escuchar los lamentos de la oligarquía.
(Del lado opuesto están quienes proponemos “limitar la magnitud de la propiedad privada con el fin de evitar que la riqueza se acumule en unas pocas manos”, “que la salud y la educación sean servicios gratuitos para los estratos 1, 2, 3 y 4”, “que el salario mínimo sea el que necesita una familia de cinco personas para vivir dignamente y no haya salarios superiores a 15 veces el salario mínimo familiar, “que la jornada laboral sea reducida en un 20% con el fin de crear más empleos”, “la prohibición de los cultivos de coníferas exóticas en las cordilleras de Colombia”, “la reducción de las áreas destinadas a la ganadería en un 50%, destinando el área sobrante a la agricultura ecológica y a la reforestación en las altas pendientes”, “la prohibición de la minería a cielo abierto, así como del fracking”, “los niños y niñas menores de edad no serán obligados a asistir a cultos religiosos de ninguna clase”, “el Estado garantizará el ejercicio de todos los derechos humanos”, “las cárceles serán convertidas en colonias penales productivas donde los reos estén siempre ocupados”, “los delitos serán castigados como tales y no como simples contravenciones, terminando a su vez la vagabundería de la casa por cárcel”, “se estimulará el uso de las fuentes alternativas de energía y se reducirá paulatinamente la energía procedente de hidrocarburos”, “la enseñanza de alta calidad implica el estudio científico de todas las corrientes filosóficas, políticas, religiosas, sociológicas”.)
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