La Contraloría General de la República advirtió a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y al Ministerio de Hacienda sobre un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en cuantía estimada de $225.549 millones, en caso de una terminación y liquidación del contrato de concesión del proyecto de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Mulaló – Loboguerrero, cifra que se obtiene de la diferencia entre lo que sería el pago de la liquidación del contrato menos el costo de la actualización de los precios para continuar su ejecución.
La suma puede ser mayor si luego de la liquidación se mantiene la decisión de continuar con la obra, pues esto supondría un sobrecosto, por el doble pago de su estructuración, actividad que se estima en más de $9.133 millones, lo que significa una pérdida total de $234.683 millones.
Para el Contralor General de la República, Hernán Rodríguez, que formuló este Control de Advertencia, la alternativa que queda es optar por un acuerdo, lo que requiere efectuar un ajuste al equilibrio económico del contrato por un valor de $415.000 millones de diciembre de 2012, que es una suma inferior a aquella que deberá desembolsar el Estado en un escenario de terminación anticipada, que podría llegar a ser de más de $684.000 millones.
Es del caso señalar que la ANI es consciente que el contrato requiere una actualización de al menos esos $415.000 millones.
El proyecto Mulaló – Loboguerrero, considerado estratégico para el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca, se encuentra suspendido en su etapa pre – constructiva, debido a que las partes del contrato controvierten la procedencia de dar lugar a la terminación anticipada y la liquidación del negocio jurídico, debido a los impactos que produjo en su normal ejecución y economía la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor Ambiental, y los correspondientes efectos del paso del tiempo sin que se pudiera dar inicio a la etapa constructiva.
En consecuencia, se advierte que cualquiera sea la decisión que adopte la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y al Ministerio de Hacienda, deberán optar por aquella que cause el menor impacto negativo al patrimonio público y garantice la satisfacción de las necesidades que dieron lugar a la contratación, así como los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la no realización del objeto del contrato.
Iniciado el proyecto Mulaló-Loboguerrero hubo situaciones que implicaron un mayor tiempo del previsto en el trámite inicial del licenciamiento ambiental, el cual terminó siendo suspendido, a lo que sumaron restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19. Finalmente, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República en el marco de su estrategia Compromiso Colombia, se logró destrabar el tema del licenciamiento ambiental.
No obstante, previo a tener la licencia ambiental y debido a la imposibilidad de iniciar la fase de obra sin ésta, el Concesionario y la ANI acudieron a un panel de amigables componedores, el cual el 1º de julio de 2021, resolvió reconocer la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor Ambiental, y que las circunstancias que la originaron, así como sus consecuencias, paralizaron sustancialmente la ejecución del contrato, sin que ello hubiere sido ocasionado por ninguna de las partes.
Habiéndose agotado la instancia del acompañamiento de la CGR a través del control fiscal, ante la persistencia de controversias entre las partes que dio lugar a la convocatoria de un tribunal de arbitramento, en el que se está solicitando la terminación y liquidación del contrato, frente al riesgo inminente de perdida de recursos públicos, el organismo de control decidió iniciar un seguimiento permanente al proyecto.
Y en el marco de dicho seguimiento, se adelantó una mesa de trabajo el pasado 16 de noviembre, con la participación de la ANI y el concesionario, donde, Covimar presentó una propuesta de conciliación que se encuentra en revisión por parte de la interventoría y la ANI.
El Ministerio de Hacienda considera que no es viable utilizar recursos de las vigencias futuras como lo plantea en dicha propuesta el concesionario.
A su vez la interventoría ha puesto de presente la existencia de un riesgo cierto de que prospere la pretensión del concesionario, en el sentido de que se declare que, por causa de las suspensiones, se dé por terminado el contrato y se proceda a su liquidación.
El proyecto de propuesta de acuerdo conciliatorio involucra la aceptación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, dados los impactos económicos derivados de circunstancias imprevisibles y externas, que dieron lugar a la fuerza mayor ambiental declarada por el Panel de Amigable Composición, y que conllevó la paralización del proyecto por un periodo aproximado de 7 años.