El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio a conocer las prioridades, acciones y retos del gobierno en los próximos cuatro años en materia de infraestructura y movilidad.
El jefe de la cartera mencionó que dentro de las prioridades está la conectividad, accesibilidad y asequibilidad, adaptación al cambio climático, transición a energías limpias, políticas públicas sostenibles, competitividad y salvar vidas. Todo esto, enmarcado en el diálogo, la concertación y la justicia social.
En cuanto a los retos, mencionó que la adaptación al cambio climático es una de las mayores prioridades, para lo cual se trabaja en Sistema de Transporte intermodal con enfoque en sostenibilidad y diferencial para la población, con el fin de lograr acceso equitativo, eficiencia, calidad, fortalecimiento y adopción de desarrollos tecnológicos.
También se mencionó la planeación de la intermodalidad en el sector de la infraestructura, pues durante los últimos años se trabajó mucho en carreteras, pero la intención ahora es desarrollar y potenciar los modos aéreo, fluvial y férreo, con proyectos que conecten las regiones del país y mejoren la productividad y la competitividad; sin embargo, no se descuidarán las vías terrestres, pues el Gobierno nacional prevé invertir cerca de $8 billones en los Caminos Comunitarios para la Paz Total, los cuales alcanzarán más de 33.000 km, beneficiarán a más de 8 millones de colombianos y generarán más de 121.000 empleos. Además, se invertirán $6 billones en vías primarias y secundarias; $4,3 billones en vías regionales
En cuanto a la navegación fluvial, el Ministerio de Transporte tiene pensando destinar cerca de $1 billón en los próximos 4 años para intervenir 207 instalaciones portuarias fluviales, que crearán más de 9.500 empleos y beneficiarán a más de 2 millones de personas, que, en muchas ocasiones, solo tienen los ríos para movilizarse. En el mismo sentido, se realizarán inversiones por más de $145.000 millones para el mantenimiento de canales navegables en Barranquilla, Pinillos, Mompox y el Canal del Dique; mientras que para la navegabilidad del río Magdalena se destinarán $2,02 billones.
De igual manera, se tiene previsto impulsar los servicios aéreos esenciales para promover la competitividad regional a través de rutas sociales y la canalización de recursos a los aeródromos sociales, en diferentes zonas del país, como la Orinoquía, el Amazonas, el Chocó entre otras. Asimismo, se invertirán $2,5 billones en diferentes aeropuertos como los de Bogotá, Medellín, Cartagena, Mitú, San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, entre otros, que en la mayoría de los casos ya llegaron a su máxima capacidad y necesitan ampliaciones y remodelaciones.
En cuanto a la red férrea, el Gobierno del presidente Petro tiene pensado invertir $27 billones en 1.588 km durante la próxima década. Dentro de los corredores priorizados se encuentran La Dorada – Chiriguana, Bogotá – Belencito, la Red Férrea del Pacífico, Bogotá – Férreo Central, y La Felisa – Puerto Berrío.
A través de estas iniciativas de intermodalidad, se busca facilitar el comercio y reducir los costos y tiempos logísticos. Estos costos logísticos representan el 12,6% sobre las ventas; y se espera que a 2030, este porcentaje se ubique en 9,5%.
Para lograr ejecutar estas inversiones, el Gobierno usará distintas fuentes de financiación, como el Presupuesto General de la Nación, vigencias futuras, recursos de regalías, obras por impuestos, titularización, valorización (una nueva figura que aportará cerca de $15 billones) y peajes, con el fin de llevar infraestructura de transporte moderno y sostenible al país, principalmente, a esas regiones que nunca habían sido priorizadas por el Estado.
Por otra parte, el funcionario se refirió a los avances en cuanto al SOAT y los beneficios que el descuento del 50% para algunas motocicletas, para taxis y buses traerá para combatir la evasión, el fraude y la siniestralidad. En este punto fue enfático el ministro en señalar que para el Gobierno es primero la pedagogía antes que la sanción. De igual forma, informó que se trabaja en una estrategia integral de seguridad vial para combatir los altos índices de siniestralidad que heredó este Gobierno y proteger la vida de los ciudadanos en las carreteras.