En 2020, a pesar de la emergencia social causada por la pandemia, los ciudadanos del municipio de Calarcá seguían con la plena convicción de que su alcalde estaría con toda la disponibilidad administrativa para hacer las cosas bien. Con más de 9 mil votos Luis Alberto Balsero Contreras tenía toda la validez para iniciar y materializar los cambios que requería su ciudad. Cambios que para una pequeña clase política local no lo veía conveniente. Cualquier alteración en Multipropósitos ponía en riesgo intereses personales. Quizás preocupada sí estaba su antecesora porque se podía desencadenar sucesos graves si se llegase a cumplir la promesa de campaña de Balsero de rescatar la empresa Multipropósito.
Todo candidato que pretendiera ocupar el primer cargo del municipio de Calarcá, tenía un compromiso secreto de no tocar Multipropósito.
Luis Alberto Balsero Contreras, no comió cuento. El poder político que le había conferido la ciudadanía iba en la dirección del bien común. Algunos que lo acompañaron, lo vieron como un “traidor”. Y tenían que buscar el momento para enlodarlo y tumbarlo del cargo.
En los primeros meses de mandato se presentó la oportunidad para crearle al alcalde el modo de que la fiscalía, procuraduría y contraloría lo colocará en situación adversa. Lo increíble es que la operación estaba concebida desde un supermercado. En un principio los antagonistas de Balsero lograron que lo suspendieran por unos meses. Había también una colaboración por parte del gobierno departamental para apártalo del cargo. El piso 19 de la gobernación celebró en cierto momento por la noticia de la suspensión de Balsero. La destitución por algunos meses del alcalde fue un error por parte de la procuraduría de Carrillo. Nunca debió haber ocurrido semejante injusticia para el alcalde y resto de funcionarios.
Habían acusado al alcalde Balsero supuestamente de corrupción y de manipular una firma para agilizar un contrato. El mundo se le derrumbó al primer mandatario. Una falsa denuncia tenía la intención de arruinarle la vida y la carrera política.
La denuncia contra el alcalde (en 2020) es la siguiente: “…anuncia el quejoso, que circula en el municipio contrato de suministro No 007 de 2020, suscrito entre Abelardo de Jesús Echeverry Penagos con establecimiento de comercio Almacén Supermercado el “El progreso” con el municipio de Calarcá por valor TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y ÚN MIL PESOS ($396.951.000.00) MCTE. Contrato que afirma y ratifica jamás haber suscrito…”, redacta la procuraduría. Se acusaba entonces al alcalde municipal y algunos funcionarios de utilizar una firma que no fue autorizada por el señor Abelardo.
(Extraído del documento final de la procuraduría. Pág.2.)
Arriba la denuncia es determinante para que la procuraduría procede a suspender inmediatamente al alcalde Balsero por tres meses en el año 2020. Quizás la procuraduría no sabía que el denunciante era el representante legal de Inversiones Echeverry Trujillo S.A.S., es decir, familia de la ex mandataria Yenny Alexandra Trujillo Álzate.
La investigación disciplinaria efectuada por la procuraduría encontró otra situación. Pudo establecer el ministerio público que el señor Andrés Echeverry Trujillo, hijo del representante legal del supermercado, fue quien interpuso la queja en nombre de su padre, “…sin haber tenido conocimiento del proceso de negociación, ni del proceso contractual propiamente dicho; ya que él mismo, en declaración rendida en este este despacho el día 15 de septiembre del año 2020, así lo manifestó; indicando que solo conoció el asunto cuando el contrato de suministros Número 007 de 2020, apareció firmado y publicado en Redes Sociales…”, dice la procuraduría (pág. 16). ¿Qué otro asunto encontró la procuraduría?
La clave de todo el asunto estaba en torno a una firma del contrato. La procuraduría se preguntaba si la firma plasmada en el contrato había sido autorizada por el señor Abelardo. Y, si funcionarios de la alcaldía la habían manipulado. El ministerio publico demostró que la firma sí había sido autorizada por parte del denunciante Abelardo. Se hizo a través de la empleada del supermercado. Y ningún funcionario de la alcaldía, ni el alcalde la manipularon. Por lo tanto, los funcionarios vinculados al proceso y el alcalde Balsero, son inocentes.
(Extraído del documento final de la procuraduría. Pág. 31.)
La operación creada desde el supermercado se cayó por su mismo peso. La sonrisa maléfica de la ´Yata´ había llegado a su fin. Sin embargo, alcanzaron a generar inestabilidad administrativa y daño moral colectivo. Ojalá algún día los dueños de Inversiones Echeverry Trujillo S.A.S., tengan los suficientes pantalones en declarar que durante la administración de su familiar (Yenny Alexandra Trujillo Alzate) recibieron también beneficios. En relación a ello, están los contratos No. 043 de 2019, No. 040 de 2019, No. 032 de 2018, entre otros. –Ver el fallo final de la procuraduría–.
Los ciudadanos de Calarcá tendrán la decisión de defender o no el legado de su alcalde. Ojo con las elecciones.
II
Nota aclaratoria: El director del SENA regional Quindío, ha dado respuesta de fondo al derecho de petición del señor Jorge Eliecer Torres, aludiendo en unos de los párrafos que “es importante informar que este despacho no tiene conocimiento ni tampoco se ha solicitado ningún tipo de reconocimiento para la señora PATRICIA ELENA PIMENTEL CALDERON, por parte del señor JAMES GONZALEZ MATA…”. E igual este columnista considera que ambas personas no tienen relaciones de negocios ni son socios. Considero que la señora Pimentel Calderón ha actuado correctamente. –Ver respuesta de derecho de petición–.
