Por: Manuel Antonio López Botero
“Para que vea que nosotros si somos bandidos”, esta fue la respuesta que se recibió de parte del grupo narco guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) al preguntar a su interlocutor del porqué del asesinato a sangre fría del sacerdote Gabriel Arias Posada y su acompañante Fernando Tamayo. El padre Arias, era ampliamente conocido en el Departamento del Quindío por sus actividades en favor de las poblaciones más necesitadas y fue ultimado durante una misión humanitaria, que llevando el dinero del rescate debía terminar con la liberación del primer Gobernador del Departamento del Quindío y ex Congresista Ancizar López, a quien sus amigos de juventud se referían jocosamente como “Mamoncillo”.
Mamoncillo fue secuestrado en abril de 2002 y los delincuentes del ELN lo mantuvieron amarrado, dentro de Resguardos Indígenas, en las cercanías del Municipio de Mistrató Risaralda, hasta que lo mataron en total indefensión, a sangre fría, en una fecha que aún se desconoce, sin saber si finalmente lo desmembraron como en repetidas ocasiones amenazaron con hacerlo; el entierro de una osamenta, a la que no se le realizó ningún análisis forense, recibida por la defensoría del Pueblo, tuvo lugar en Armenia en octubre de 2005.
Sucesos como los aquí descritos son lo cotidiano dentro del actuar del Grupo narco terrorista ELN, que está liderado por una horda de personajes siniestros que se autodenominan el COCE (Comando Central) y que dentro de su formación inicial proclamaban y reclutaban adeptos con ideas de los años 60s difundidas por la extinta Unión Soviética. Los ideales iniciales del ELN quedaron en el pasado y actualmente viven del producido de varios negocios ilícitos tales como tráfico de estupefacientes, secuestro y asesinato de civiles, extorsiones a comerciantes, trata de blancas, minería ilegal y otras actividades, algunas camufladas de legalidad, en departamentos tales como Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca, Antioquia y Nariño, solo por mencionar algunos donde su presencia es más reconocida.
Los miembros del COCE viven bajo la protección de gobiernos como Cuba, y Venezuela y sus integrantes en Colombia, en los últimos meses, han recibido patente de corso para delinquir, sin ser perseguidos por las autoridades locales. Lo que nos da a entender que las Fuerzas Armadas de Colombia, según la prensa nacional, recibieron la orden de mantenerse en sus cuarteles sin interferir con las actividades ilícitas de ese Grupo de autoproclamados bandidos, restringiendo su misión constitucional de proteger el país.
El ELN es comúnmente aceptado como “Grupo Insurgente Político”, remoquete con el que camuflan y justifican su actuar delictivo y tanto se repite esta denominación en los pronunciamientos de quienes representan los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, igualmente en los medios de comunicación y en una gran número de ONG¨s, que como se implementó dentro del pensamiento nazi, “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Esta falacia ha penetrado dentro de la conciencia de la ciudadanía llegando a ser aceptada como ética y moralmente correcta. De tal suerte que los Colombianos deben aceptar y convivir con su actuar delictivo, sin considerar que constantemente están violando los derechos humanos de sus víctimas.
El haber considerado a organizaciones armadas tales como el ELN, el M 19, las FARC y otros grupos similares, como grupos insurgentes políticos, ha sido unos de los mayores errores cometidos por los diferentes Gobiernos en contra de la ciudadanía y en favor de los delincuentes en Colombia. Ya se tiene el ejemplo del resultado de las negociaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, donde los miembros de las FARC quedaron con su brazo político dentro del quehacer del Estado y con su brazo armado que continua con sus actividades delincuenciales. Ya han pasado varios años de su supuesta desmovilización y los cabecillas de las FARC no han terminado de confesar sus crímenes, hasta han solicitado que se les considere victimas de Estado, no han entregado los bienes producto de actividades ilícitas para indemnizar a las víctimas, continúan con sus actividades de explotaciones ganaderas y lavado de dinero en regiones como el Caquetá y los llanos del Yari y para completar, el mantenimiento de su protección y cómoda de vida dentro de la sociedad, que quisiera en mínima parte cualquiera de sus víctimas, corre por cuenta de los impuestos de los colombianos.
El ELN ha entrado en negociaciones con diferentes gobiernos en varias ocasiones y el resultado ha sido que aprovecha esos momentos para fortalecerse, consolidando su presencia en los territorios donde su actuar delictivo les es más rentable, con miras a subyugar a la Nación.
Algunos analistas opinan que este es un momento histórico para que el ELN se desmovilice, teniendo en cuenta que su supuesto ideal político ya se cumplió, al tener en Colombia a un gobierno adepto a su modo de pensar y de actuar y que ya tienen el ejemplo del resultado de las negociaciones con las FARC, de tal forma que podrán tener su clan político dentro del Estado y paralelamente continuar con sus actividades de enriquecimiento ilícito, sin considerar necesario la reparación de sus víctimas, burlando nuevamente los anhelos de paz del pueblo Colombiano.
Queda esperar que el gobierno, considerando la experiencia de fallidas negociaciones anteriores con ese grupo de autodenominados bandidos, logre consolidar la proclamada Paz Total y que este proceso no socave con lo que queda de nuestra naciente y frágil institucionalidad.