Álvaro Ayala Tamayo

Hay alboroto en el país por la determinación del presidente Gustavo Petro de asumir la vigilancia de las tarifas de los servicios públicos.

Ojalá lo haga y cumpla.

Esperamos que asuma.

Hace rato en Colombia se perdió el derecho al bien común. Es más importante la estabilidad jurídica que el derecho a la alimentación, educarse o acceder a la salud.

Hay hogares en el país que pagan agua, energía, gas, y quedan limpios. Sin dinero para alimentación y otros esenciales compromisos con los hijos. El celular y el cable también son derechos, como la alimentación y la educación.

Los críticos del gobierno aseguran que la Constitución y la ley obligan a respetar los contratos firmados con las empresas prestadoras de servicios públicos. Eso está bien. Pero todo lo legal no es correcto. Si hay que cambiar la ley y la constitución, se modifican.

El bolsillo y el estómago no esperan, es imperativo ejecutarlo de inmediato.

El sentido común y la justicia social indican que el derecho debe buscar el bienestar de la sociedad, y básicamente, mejorar las condiciones de los más necesitados. Tampoco debe deteriorar el nivel de los estratos medios, como sucede actualmente en Colombia a pasos agigantados.

El alcalde de Medellín explicó que la entrada en operaciones de las 2 turbinas de Hidroituango bajó el precio de la energía de $ 900 a $ 200, pero las prestadoras del servicio no cumplieron.

Tampoco respetaron los acuerdos cuando los damnificados habitantes del Guavio y otros sitios del país protestaron por los elevados costos del servicio y las malas carreteras.

El representante del gremio, Camilo Sánchez, firmó el documento y no cumplió. Ese individuo es un tramposo político tradicional, preocupado por defender a su millonario gremio y no a las víctimas de la carestía.

Como los gobiernos anteriores y sus respectivos gremios han sido indolentes ante tan grave problema social, apoyamos al presidente Gustavo Petro. Su decisión es coherente y humana.

Necesitamos legislar en dicho sentido y como lo que se hace en derecho, se deshace en derecho, ahí está la gran oportunidad de rebajar las tarifas de los servicios públicos.

No podemos dejarnos chantajear que, de intervenirlas, no volverán a invertir y Colombia entrará en una espiral descendente. En el hoyo estamos. Más profundo no podemos caer. No tenemos miedo. Ya nos electrocutaron.

Otra salida encontraremos.

Las rebajan o se van.

Incentivamos y apoyamos al presidente Gustavo Petro, a cambiar el modelo de cobro.

Estamos ahogados en este mar de injusticias y necesitamos que nos tiren la tabla que busca el náufrago.

Como estamos en democracia, quienes quieran pagar abusos y desmesuradas tarifas de servicios públicos, pueden escribir a la Casa de Nariño, para que sus recibos no tengan beneficios.