Concepciones de seguridad y acción política

14 marzo 2023 4:25 pm

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Por Néstor Cuervo L.

El ambiente político en Colombia, durante los últimos 6 o 7 meses del nuevo gobierno reformista, ha estado signado por una avalancha desinformativa y propagandística que promueve un ambiente de caos a la usanza de la conocida estrategia laureanista de “la acción intrépida, el atentado personal (para) hacer invivible la república”. La ciudadanía, a través de los medios de comunicación ha sido sometida al estímulo de sus más primarias emociones para generar desasosiego y, de verdad, lo han conseguido entre amplios sectores de la población. Ante la carencia de argumentosos y frente al derrumbe paulatino de su hegemonía, el recurso de manipular la opinión publica contra el nuevo gobierno con mentiras, medias verdades, chismes, calumnias son, sin duda, las últimas “patadas de ahogado”- muy peligrosas, por cierto- que le queda a la oposición política aliada a la prensa en todas sus manifestaciones.

En las últimas semanas hemos sido testigos de la manera manipuladora y simplista como se han utilizado dos notarios acontecimientos para tal propósito. Uno, el de los Pozos, Caquetá, en el que, en medio de una protesta de más de 7 mil campesinos contra una multinacional petrolera, por incumplimientos de acuerdos firmados con el gobierno Duque, resultaron muertos dos agricultores y un policía, mientras, un numeroso grupo de uniformados fue retenido durante una asonada. La prensa y la oposición ha puesto el foco sobre lo que han denominado una “humillación a la fuerza pública”, supuestamente cohonestada y legitimada por el gobierno Petro que se negó a hacer intervenir al ejército para reprimir la protesta. De otra parte, han puesto en la palestra pública al presidente de El Salvador Nayib Bukele como un “nuevo” modelo de políticas de seguridad, hasta el punto de sugerirlo como un novedoso enfoque político, alternativo a la izquierda progresista en América Latina.

Tanto la prensa como la oposición política abordan estos hechos- y muchos otros- de manera objetivista: como un enfrentamiento entre buenos/malos o amigos/enemigos, alejados de contextos históricos y culturales temporales cuya existencia se ha caracterizado por la marginación, el desplazamiento, la ausencia del Estado, la exclusión política y el engaño como respuesta a sus solicitudes, angustias y preocupaciones.

Es evidente que tal mirada obedece a una particular visión o concepción de lo que es y debería ser la Seguridad.

En el almendrón de las concepciones del mundo se distinguen dos puntos de vista esenciales: una, concibe la realidad como un todo complejo (holística) que cambia permanentemente y, otra, distinta, naturaliza la sociedad como la simple suma de las partes que la componen (analítica), incapaz de trascender los detalles considera que “nada cambia, todo permanece igual”. Tanto en la derecha, como también en muchos sectores de la izquierda, se observa una verdadera experticia en la racionalidad del detalle y en la irracionalidad del conjunto. A ambas las une el ser ejercicios de poder, acciones que moldean el mundo, nuestro mundo, y se expresan mediante “juegos del lenguaje”, acciones y narrativas concretas.

Desde la campaña electoral inmediatamente anterior, la derecha y la prensa han vuelto a insistir en una política de seguridad coercitiva -sin importarles demasiado nuestro pasado violento, los falsos positivos, el exterminio de un partido político como UP, etc- mediante el despliegue de una serie de

políticas o medidas que incluyen: “Construir y operativizar una política criminal que dirija su atención a la reducción de los diferentes delitos que afectan a la ciudadanía colombiana”; una unidad nacional contra atracos; reforma y profesionalización de la fuerza pública; lucha contra el narcotráfico y el programa parceros”. Como se podrá observar, para este sector de la población la “seguridad” es apenas un asunto policial o represivo, de delincuentes que deben reprimirse. Marginalmente mencionaron, en el programa “parceros”, que trabajarían por “la disminución de los factores de vulnerabilidad de la población joven objeto de instrumentalización y cooptación por parte de las estructuras criminales”. (Ver Silla Vacía. Mayo 20/22). Es decir, la eficacia de una política de seguridad equivale a una sumatoria simultanea de políticas criminales. Se desligan totalmente de su “base material”: las condicionantes socio-económicas y culturales. No aparece por parte alguna la relación evidente con el desplazamiento forzado, el desempleo, la ausencia de educación, ingresos dignos, etc. que constituirían su “base material”.

Tal simplificación se alimenta de narrativas como la de K . Schmitt basada en la distinción entre amigos y enemigos que sugiere que el Estado solo puede ser seguro y estable si se utiliza la fuerza para reprimir y eliminar a sus enemigos. La distinción entre amigos y enemigos de Schmitt también sugiere que solo hay dos posiciones políticas posibles: estar con el Estado o estar en contra de él. Esto implica que cualquier persona o grupo que no esté de acuerdo con el Estado es automáticamente considerado como un enemigo, lo que puede llevar a la exclusión y la marginación de grupos sociales y políticos importantes. Esta teoría ha sido utilizada en el pasado para justificar regímenes autoritarios y genocidas.

En nuestro país y en América Latina la teoría de Schmitt ha devenido en la del “enemigo interno”, utilizada para justificar la violencia y la represión contra ciertos sectores de la población que son considerados amenazas internas al Estado, como los guerrilleros, los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, sindicalistas y campesinos que luchan por la tierra y la justicia social. La aplicación de la teoría del enemigo interno desde la década de 1960 ha llevado a una serie de violaciones de derechos humanos y conflictos armados que han afectado a millones de personas en el país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre 1958 y 2013, se registraron al menos 9,129 masacres que dejaron un total de 60,630 víctimas, y se estima que 220,000 personas perdieron la vida como resultado del conflicto armado interno en Colombia. Entre 1984 y 2004 se aplica la estrategia de exterminio del partido político Unión Patriótica dejando miles de víctimas de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos internos y exiliados.

En actitud de añoranza de este pasado violento, la oposición y la prensa, en el caso de los Pozos, Caquetá, han calificado al ministro de defensa y al propio presidente como alcahuetas de la delincuencia. Acostumbrados, como están y han estado, a pensar en términos de amigo/enemigo o de “bala es lo que hay”-como diría un “paisa” de Medellín-, pretenden deslegitimarlo por su negativa a intervenir la protesta campesina con las fuerzas militares, aduciendo, como lo hizo RCN, que en los Pozos “más que protestas hubo delitos”, agregando que las movilizaciones fueron promovidas por                          las           disidencias                 de                   las              Farc-      hecho                                   cierto- (https://www.noticiasrcn.com/colombia/los-principales-responsables-de-lo-ocurrido-en-caqueta- 441361), pero desconociendo que allí marcharon más de 7000 mil campesinos movidos por los incumplimientos firmados con ellos por el gobierno anterior.

La respuesta del presidente de la República a tan “analítico, racional y detallado” enfoque ha sido que la “fuerza pública se ha enaltecido al no ser responsable de atacar la movilización ciudadana”.

Petro ha sido reiterativo en que las FF.MM no están para atacar ni criminalizar las movilizaciones sociales, sino para proteger la vida y la democracia. Para él, “El delito no se mira de manera recortada, sino de manera multidimensional… la seguridad es un problema humano: consiste en que “en lugar de pensar prioritariamente en una seguridad del Estado, pasamos a hablar de una seguridad de la persona, del ser humano que está en la sociedad”. (Revista Semana, junio 12/21)

Pero, como el acontecimiento de Los Pozos no ha sido suficiente, la oposición, a falta de líderes internos creíbles, ha acudido a la iconización de personajes como Nayib Bukele, sus cárceles- verdaderos campos de concentración-, la represión por simple sospecha, la esclavización de los delincuentes, la negación del debido proceso a los capturados- la mayoría no son juzgados y menos vencidos en juicio- amparado en el inmediatista y pegajoso argumento de que los “derechos de los ciudadanos están por encima de los de los delincuentes”. Se institucionaliza de esta manera una moralidad social que trata al ciudadano como “menor de edad”, obligado a comportarse como es mi deseo- quien detenta el poder del Estado- a partid de la amenaza, la violencia, la negación de derechos y la cooptación de todos los poderes del Estado.

A pesar de todo esto, la oposición vive hablando de la “dictadura de Petro”. ¡Qué incoherencia ¡

Armenia Q. marzo 16/2023

 

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