El Ministerio de Salud, realizó la sexta sesión del Consejo de Personas Mayores, con el objetivo de presentar el Plan Nacional de Acción Intersectorial para la implementación de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez.
Se trata de un Consejo ampliado, porque además de los consejeros y consejeras oficiales que según decreto conforman el Consejo, se invitaron a las entidades firmantes del Decreto 681 de 2022 que adoptó la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, y también a otras asociaciones, organismos de sociedad civil y academia y órganos de control que participaron en el proceso de construcción del plan de acción de la política pública.
Uno de los principales retos del plan de acción, es territorializar la política pública, desarrollarla a nivel nacional y promover su implementación con la participación de la sociedad y sus organizaciones.
El diseño del Plan de Acción contó con las entidades nacionales competentes para dar cumplimiento a los 6 ejes de la política pública, con diferentes actores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, académicas, territoriales, entidades territoriales, representantes de personas mayores, y entes de control como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, y Contraloría; los cuales desde una prospectiva de 10 años se proponen realizar los objetivos de la PPNEV.
El Decreto 681 de 2022, sobre política de envejecimiento y vejez fue diseñado bajo seis enfoques estratégicos: Superación de la dependencia económica de las personas mayores; Inclusión social y participación ciudadana; vida libre de violencias; atención Integral en salud en atención a la dependencia y organización del servicio de cuidado; envejecimiento saludable para una vida independiente, autónoma y productiva en la vejez; y educación, formación e investigación para enfrentar el desafío del envejecimiento y la vejez.
Cada acción del Plan debe contribuir a mejorar las condiciones de vida del adulto mayor y garantizar la protección de sus derechos, reconociendo las características diferenciales y necesidades particulares, tanto en zona rural como urbana.
El desarrollo y ejecución del plan, exige del compromiso de las entidades vinculadas y del acompañamiento del Consejo y de la sociedad civil, para hacer seguimiento a su implementación, avances y desafíos.
El Estado colombiano además de cumplir con las disposiciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada y ratificada ante la OEA, tiene el deber de proteger los derechos humanos, garantizar una protección integral en salud, y promover políticas públicas para la inclusión, la dignidad y la plena realización de sus derechos sociales y humanos, brindando especial atención cuando el adulto mayor se encuentre en condición de vulnerabilidad.
