Elección antidemocrática

4 abril 2023 7:09 pm

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Gilberto Zaraza Arcila

El proceso que se adelanta en la actualidad para elegir el rector de la Universidad del Quindío por los próximos 4 años, viene siendo objeto de una gran controversia por la falta de transparencia y garantías electorales a los aspirantes a esta dignidad.

Mediante el artículo 69 de la constitución nacional y la ley 30 de 1992  les concedió autonomía universitaria a los centros de educación superior públicos, para darse y modificar sus estatutos y designar sus autoridades administrativas y académicas.  A pesar de esta autonomía es evidente que la Universidad  en las últimas décadas ha sido politizada por los gobernantes de turno.

 Con el estatuto electoral  aprobado por el Consejo Superior (CS) en el 2010, se implantó el clientelismo a través del umbral requerido del 10% de los empleados, del 10% de los docentes y del 5% de los estudiantes,  en las consultas internas para poder seguir participando del proceso eleccionario. Con esta decisión el CS se auto cercenó el poder decisorio, se convirtió en un organismo eunuco y en un convidado de piedra.

Es lo acaba de ocurrir, donde solo 380 empleados subordinados al rector y vicerrector, eliminan de la competencia a 3 de los 4 aspirantes, y virtualmente eligieron al vicerrector de extensión Luis Fernando Polanía anticipadamente.    

El umbral establecido es inequitativo, antidemocrático y excluyente, porque un número reducido de empleados no pueden tener más poder que 16.000 estudiantes, o que los representantes del gobierno nacional, departamental, de los gremios y de toda la comunidad universitaria. En la consulta de los estudiantes todos los aspirantes superaron el umbral. Por el resultado de las consultas entre empleados y docentes se puede colegir que no se trató de una decisión libre, espontanea, independiente y autentica.

La veeduría nacional estudiantil denunció violación a los derechos de la comunidad estudiantil, y que la elección del representante al CS de los egresados fue precedida de un evento financiado por la Universidad. Además, la reducción en vísperas de elecciones del periodo de garantías electorales de 4 a 2 meses, para poder vincular 108 funcionarios de planta que participaron de las consultas, obviamente a favor del candidato del rector.

Al rector, al vicerrector Polanía y a otros funcionarios de la entidad, la Procuraduría Regional recientemente les formuló pliego de cargos,  como falta grave,  por no retirar a empleados que perdieron el concurso de carrera administrativa. El Rector también fue imputado penalmente por los delitos de violación a los derechos de reunión y asociación sindical.

La Universidad programó un debate electoral programático con los aspirantes, pero 3 de los 4  declinaron asistir por falta de garantías. El rector tiene un amplio poder burocrático, contractual y otras prebendas para direccionar el voto de sus subalternos.  Después de elegido puede asegurar su reelección y antes de salir de sus 2 periodos, hacer elegir a su sucesor para seguir manejando la Universidad por interpuesta persona.

Los buenos logros por el crecimiento físico, la ampliación de la cobertura  y la acreditación de alta calidad, se ven empañados por las irregularidades administrativas que denotan falta de ética y  transparencia en los procesos de contratación y electorales.

Algunas universidades públicas fueron politizadas y hoy son la apología del clientelismo, la politiquería y la corrupción.  El gobierno del cambio por intermedio de sus representantes al CS, debió promover con antelación una modificación a los estatutos electorales, para haber garantizado una elección diamantina. 

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