Exgobernadora Arbeláez y gobernador Jaramillo engañaron al registrador en el ‘regalo’ del estadio de Calarcá (Segunda entrega)

13 junio 2023 11:43 pm

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No contentos con haber cambiado el contenido de la ordenanza 025 de 2007 por medio de la cual se autorizaba a la gobernadora Amparo Arbeláez a ceder un lote del departamento del Quindío, denominado estadio Guillermo Jaramillo Palacio de Calarcá, a la Fundación Abrazar, cuyo representante legal era el actual gobernador Roberto Jairo Jaramillo, estas dos personas hicieron una escritura pública de aclaración, donde cometieron un nuevo fraude contra el fisco seccional.

Como el director de la oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá les devolvió la primera escritura donde se hacía el traspaso del bien público estadio de Calarcá a Abrazar, por no coincidir las matrículas de los lotes, entonces Amparo y Roberto Jairo hicieron una nueva, de aclaración, donde dicen que por equivocación habían metido en esa primera escritura un lote privado, perteneciente a las juntas de acción comunal de los barrios Gómez y Pescador de Calarcá, y uno más de 700 metros del lote global del estadio Guillermo Jaramillo Palacio que engloba un terreno de 74.779 metros.

Los dos personajes de la política regional y calarqueña pusieron en la nueva escritura un nuevo lote, de 19.527 metros, que el presidente y el secretario de la Asamblea departamental de 2007 habían señalado como el autorizado por la duma para la cesión del terreno del estadio, cuando en verdad, lo aprobado por la Asamblea fue un lote de solo 700 metros.

Sin ruborizarse, Amparo y Roberto fueron a la oficina del Registrador y le dijeron, aquí está la escritura aclaratoria. El registrador la aceptó e hizo la inscripción en el registro de los bienes inmuebles que lleva esta entidad del Estado, y, así el lote público pasó a manos privadas. Es decir indujeron al registrador a un error. Todo el proceso de este fraude fue narrado en la audiencia por la Fiscal Segunda ante la Corte Suprema de Justicia.

Si hubo una equivocación, detectada por el registrador, en la primera escritura, lo que debieron de haber hecho Amparo y Roberto fue volver a la Asamblea Departamental, pedir anular la ordenanza 025 de 2007, que autorizó la cesión de 700 metros; y presentar una nueva ordenanza que autorizara la cesión de los 19.527 metros. Pero no lo hicieron, o, mejor dicho, se hicieron los de la oreja mocha, los desentendidos, y así, Abrazar se quedó con el disfrute del lote, de forma ilegal doblemente. Primero porque no fueron 19.527 metros los cedidos por la ordenanza, sino 700, como queda dicho por la investigación realizada por la Fiscal Segunda Delegada ante la Corte; y segundo porque era un bien público, que de acuerdo con el artículo 355 de la Constitución Política de 1991, no se podía ceder, a título gratuito, a una entidad de carácter privado, como era la Asociación Abrazar.

Los cargos

En la audiencia de imputación de cargos realizada por la Corte Suprema de Justicia, la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante le dijo al magistrado que presidió la audiencia que entendía perfectamente la exposición que había hecho la Fiscal Segunda ante la Corte sobre los hechos que se le endilgaban. Después se le leyeron los cargos que se le imputaban: Prevaricato por Acción, Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, Fraude Procesal Continuado y Peculado por Apropiación Agravado. La exgobernadora Amparo dijo que no los aceptaba.

Luego, en la misma audiencia, el magistrado le preguntó al gobernador Roberto Jairo lo mismo, si entendía toda la exposición y los cargos a que se sometía, y él dijo: ‘Sí señor magistrado’. Al preguntársele si aceptaba los cargos que se le endilgaban: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Fraude Procesal Continuado y Peculado por Apropiación Agravado, el gobernador contestó: ‘No los acepto’.

Esto significa que, de haber una condena, no tendrán el beneficio de rebaja de penas ni de multas pecuniarias.

De acuerdo con varios abogados penalistas consultados por EL QUINDIANO, las penas a las que se someten podrían pasar de los 10 años de prisión intramural, es decir en una cárcel, sin beneficio de casa por cárcel, y una sanción pecuniaria de acuerdo con el valor del fraude cometido al Estado. ¿Cuánto vale el lote que cedieron irregularmente? ¿Quiénes más podrían estar comprometido: los diputados del 2007? Espere mañana la tercera entrega de este informe.

 

 

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