Ya está bueno. Desde la elección en 1994 de Ernesto Samper Pizano, como presidente de la República, los cuestionamientos en el país sobre la financiación de las campañas políticas se han multiplicado, y con cada jornada electoral que pasa, en lugar de erradicarse esta práctica, parece que va en aumento, o al menos eso es lo que se respira en el ambiente.
Samper pasó a la historia no por un buen gobierno sino porque tuvo que defenderse durante todo su mandato y más allá de él, de las investigaciones que revelaron que sí entraron dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, cartel de Cali, acusación de la que se defendió con que “todo había sido a sus espaldas”.
El mal episodio del Proceso 8.000 que removió a la administración Samper provocó una crisis como pocas en la historia del país, y ha sido el más lamentable para la democracia, porque confirmó que los narcos habían permeado las más altas esferas de la institucionalidad colombiana. La democracia fue amenazada.
Aunque de ‘dientes para afuera’ todos los colombianos cuestionamos la mala procedencia de los recursos que financian las campañas electorales en Colombia, la sensación es que existe la doble moral en ello, y que a pesar de las disposiciones y normas que se elaboran, y de la vigilancia y labor de entidades como el Consejo Nacional Electoral, CNE, y de organizaciones como la Misión de Observación Electoral, MOE, muchas de las campañas se han especializado en burlarlas.
Y es precisamente, la MOE, quien en su más reciente informe de vigilancia al aplicativo Cuentas Claras, la que advierte del incumplimiento de las campañas actuales de la Resolución 4737 de 2023 del CNE, en la que se ordena en su artículo 3, que “las campañas electorales registrarán los asientos contables a más tardar durante la semana siguiente al día en el cual se hubiesen efectuado las operaciones”. Ya llevamos más de un mes de campaña y muchos ni siquiera se han registrado en el aplicativo.
El ‘fantasma’ de la financiación vuelve a rondar en estas elecciones regionales, y el mal sabor de boca se aumenta precisamente cuando en los últimos meses se han revelado hechos que ponen en entredicho las cuentas de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Se volvió hablar del Proceso 8.000 y su nueva versión, el 15.000; de la llegada de rubros que no fueron reportados, de la entrada de dineros de personas cuestionadas, y los lamentables hechos de la parapolítica, Odebrecht y la ‘Ñeñepolítica’, retomaron vigencia como elementos de defensa de sectores que en su doble moral pretenden justificar las supuestas irregularidades con la frase: “ellos también lo hicieron”.
Lo cierto es que a corte del 13 de septiembre, la MOE pudo confirmar que la mayoría de las campañas a gobernaciones y alcaldías de las ciudades capitales no se han registrado en el aplicativo, que busca precisamente garantizar la transparencia de los recursos que llegan y se ejecutan en las campañas regionales del próximo 29 de octubre. “La MOE no sabe la razón por la cual 171 candidaturas a la gobernación, 348 candidaturas a alcaldías de ciudades capitales departamentales y 1.482 candidaturas a alcaldías municipales no se encuentran registradas en el aplicativo Cuentas Claras”, precisó en el informe.
Y se agregó en el reporte de la MOE que a 46 días de las elecciones a autoridades locales de las 246 candidaturas registradas para la gobernación, solo el 4%, es decir 11, han reportado información sobre ingresos y gastos de campaña; 64 candidaturas, el 26%, aunque están registradas en Cuentas Claras, no han reportado información sobre su financiación, y las 171, el 70%, de candidaturas restantes, no están disponibles para consulta debido a que no aparecen registradas en el aplicativo.
Sobre las 348 candidaturas para las alcaldías de capitales departamentales, la MOE detectó que a la fecha de corte, 13 de septiembre, ninguna está disponible para consulta, debido a que no aparecen registradas y de una muestra de 1.482 candidaturas a alcaldías municipales de los 32 departamentos ninguna de las candidaturas están disponibles para consulta, debido que tampoco están registradas.
Contrario al no reporte de las cuentas, la ciudadanía sí es objeto de una escalada de publicidad en su entorno y sus ciudades. Vallas, pendones, lonas, folletos, tarjetas, camisetas, gorras, manillas y cuanto elemento publicitario se haya concebido se reparte en cada rincón de los municipios y departamentos, demostrando que existen considerables sumas de dinero siendo ejecutadas para promocionar las campañas. Es ya paisaje ver colectivos de personas con pendones o vallas a sus espaldas, en bicicleta o en vehículos, como también grupos que se toman sectores de las ciudades para promover a su candidato. Eso requiere de recursos. ¿Por qué no se registran en el aplicativo? ¿Qué están esperando los gerentes de las campañas para cumplir lo que ordena la ley? ¿Se oculta algo o se manipulan las cuentas? Esto y más interrogantes son los que resuenan en la cabeza de muchos y solo contribuyen a oscurecer más el tema de la financiación de las campañas.
No se pretende estigmatizar o señalar a las campañas, pero sí es imperioso que los gerentes de las campañas sean más diligentes en lo que ordena la ley y contribuyan a que el ilegal fenómeno de financiación de las campañas electorales con recursos irregulares se erradique con la ejecución transparente y la vigilancia de los mismos que ingresan.
Y es deber de los ciudadanos indagar de dónde provienen esos rubros, para ello está el aplicativo Cuentas Claras y los informes de la MOE, además de desglosar con detenimiento los planes de gobierno que presentan, en el caso de los candidatos a gobernaciones y alcaldías, y las propuestas, en el de los aspirantes a corporaciones públicas, para coadyuvar a que se blinde la democracia y no se vea permeada, como ya lo ha sido, por actores delincuenciales y que solo tienen como propósito la consolidación de sus negocios ilícitos, a través de contribuciones a candidatos cuestionables.
En todos los ciudadanos está la obligación de elegir a los mejores, no solo en propuestas, hoja de vida, sino también en su calidad humana, sustentada en principios y valores como la transparencia y honestidad, es decir tener sus ‘cuentas claras’. Por ello, no podemos olvidar la frase del exmagistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria: “El que paga para llegar, llega para robar”. Ya está bueno de tanta plata sucia en nuestra democracia.