La Corte Suprema de Justicia investiga a Arturo Char por la posible comisión de los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir. El proceso que se sigue en su contra hace referencia a distintas pruebas que lo acusan de ser uno de los presuntos financiadores de un entramado ilegal de corrupción electoral en Atlántico.
Desde que Char se entregó a las autoridades, había estado recluido en la cárcel la Picota de Bogotá y había sido trasladado al Batallón José María Córdova en el Departamento del Magdalena, de donde salió en la tarde del 8 de enero.
Salió libre luego de que el Juez Sexto Penal con función de garantías de Santa Marta, Carlos Humberto Coy, le concediera el beneficio de vencimiento de términos, que tuvo origen en el recurso de Habeas Corpus presentado por la defensa del exsenador, el abogado penalista Iván Cancino.
“Se ordena la libertad inmediata del mencionado sin dilación alguna, en razón al vencimiento de términos acaecido para calificación del mérito del sumario en la investigación que se adelanta en su contra por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, se leyó en la decisión del juez Carlos Coy.
La polémica decisión fue respaldada por la Procuraduría General de la Nación, ya que se había cumplido el plazo para que el sindicado pudiera exigir su libertad. En caso de que no se determinara a su favor el recurso presentado, era claro que se estaba vulnerando el derecho al debido proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 365, numeral 4, de la Ley 600 de 2000.
