Los mayores Cristian Duván Pinto y Dídier Benavídez Pantoja, adscritos al Ejército Nacional, fueron imputados por la Fiscalía anticorrupción del Armenia.
Los militares son investigados por un entramado de corrupción que se dio en el interior del Batallón de Servicios Cacique Calarcá.
La audiencia se llevó a cabo esta mañana ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia.
Los militares no aceptaron los cargos y no hubo solicitud de medida de aseguramiento.
Cabe señalar que falta la imputación a un coronel en una tercera fase investigativa de la Fiscalía 20 Seccional de Administración Pública.
Estos militares son investigados por el delito de peculado por uso. No aceptaron los cargos.
Las primeras imputaciones
La Fiscalía General de la Nación, FGN, llevó a cabo formulación de imputación al soldado profesional Róbinson Enrique Hernández Maestre y al soldado retirado Juan Gabriel Barrera Rivera por el delito de peculado por el presunto uso de 2 camiones adscritos al batallón de combate y servicios número 8 Cacique Calarcá de Armenia, unidad militar de la Octava Brigada, de la Quinta División, del Ejército Nacional.
Para el ente investigador penal, estos militares para el 2018, junto al también soldado, John Edward Arango Berrío, supuestamente se habrían unido y recibiendo órdenes de por lo menos 3 oficiales de la Octava Brigada, entre ellos un teniente coronel, y habrían utilizado 2 camiones de esa unidad para actividades distintas a las castrenses.
La Fiscalía 20 seccional de administración pública dijo ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia -en octubre pasado- que estos hombres usaron los camiones para transportar mercancía, productos agrícolas, entre otros, por fuera de la jurisdicción de la Octava Brigada, para el beneficio personal de ellos y de los oficiales.
A Hernández Maestre la Fiscalía lo señaló de permitir que otra persona condujera el camión de placa TNH-545, vehículo tipo furgón de la Octava Brigada, y además, presuntamente, este soldado profesional activo manifestaba que este automotor estaba en reparación o mantenimiento pero –expresó la Fiscalía- esto no era cierto y era la cuartada perfecta para argumentar la no existencia del camión en el parqueadero de las autoridades mientras, al parecer, era usado para transportar carga.
La Fiscalía aseguró que los integrantes del Ejército sabían que los vehículos estaban bajo custodia militar pero esto, supuestamente, no les importó y diligenciaron trámites para los manifiestos de carga ante empresas transportadoras para no levantar sospechas. A este soldado le indicaron por lo menos 4 eventualidades al margen de la ley.
Por otra parte Barrera Rivera, exsoldado, y quien conducía el camión tipo furgón de placa UAR-626 de propiedad del Ejército Nacional, fue señalado de cometer por lo menos 13 fletes para hacer acarreos, mercancía y productos agrícolas en actividades privadas y señaladas para el beneficio de él y sus superiores, expresó la Fiscalía en audiencia.
La denuncia anónima fue dada a conocer en 2018 por parte de una empresa transportadora al ver que estos militares, supuestamente, ingresaron al mercado de carga promocionando fletes más baratos que los establecidos en la ley.
Los vehículos de la Octava Brigada eran usados para transportar frutas excediendo los pesos establecidos, cobrando más barato y con destinos al Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Cesar, entre otros departamentos, esto por fuera de la jurisdicción de la Octava Brigada. Presuntamente los soldados habrían seguido las órdenes de los oficiales.
Los transportadores encararon a los soldados y, según expresó la Fiscalía, los implicados, supuestamente, respondieron que debían cumplir a sus jefes con una cuota de $2 millones.
Esta serie de irregularidades fue investigada disciplinariamente por el Ejército y el caso fue remitido a la justicia penal militar que se declaró impedida porque el uso indebido de los vehículos debía ser indagado por la justicia ordinaria la cual recibió el traslado.
Para los militares investigados no hubo cárcel y la audiencia terminó. En un delito que en caso tal de ser encontrados culpables podrían pagar una condena entre 16 a 72 meses de prisión por el delito de peculado por uso.