María Consuelo del Río M
La posesión de la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo, el pasado 22 de marzo, dio un nuevo aire a la administración de justicia en materia penal. Después de las dos últimas administraciones del ente investigador por parte de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, la Fiscalía llegó a un punto lamentable de ausencia de credibilidad ciudadana y generó una impunidad del 94%[1] que es atribuible a esa entidad y no a los jueces, pues es la que investiga, imputa y acusa a los infractores.
Durante muchos años nos han acostumbrado a que la justicia penal se convierta en un espectáculo que se ventila en los medios de comunicación, en los casos que se han denominado “connotados”, bien sea porque involucran personas reconocidas en el ámbito nacional o porque son escandalosos teniendo en cuenta los recursos económicos inmersos en ellos o por los hechos mismos. Cuando la prensa decide darle importancia, por la razón que sea, a la comisión de un delito, real o presunto, ejerce presión para que la fiscalía actúe u omita. Así ha sido particularmente en la última época.
Mientras eso ocurre el ciudadano común hace fila en una Unidad de Reacción Inmediata, URI, para elevar una denuncia penal, y debe esperar por años a ser llamado a ampliarla por haber sido asaltado, lesionado o algo similar y el expediente abierto con base en su denuncia queda olvidado en cualquier gaveta sin que la investigación avance ni la situación por la que denunció sea resuelta.
En materia civil, laboral y administrativa después de la pandemia se impuso la virtualidad que no pocos problemas ha generado en la administración de una pronta y cumplida justicia como lo advierten muchas de las agremiaciones de abogados litigantes que ven afectados los derechos de sus poderdantes por un correo que no se envió oportunamente, por un traslado del que no se envió copia, por un error en la digitación y miles de inconvenientes que ha traído la virtualidad a la justicia.
El 20 de diciembre de 2023 el Ministro de Justicia anunció una reforma a la justicia y para efectuarla se creó una Comisión constituida por 34 miembros entre los que se encuentran representantes de las Altas Cortes, algunos jueces y magistrados designados nominalmente, los presidentes de los sindicatos de la rama judicial y 16 personas de la sociedad civil “con experiencia en funcionamiento de la justicia” algunos de ellos del mundo de la política como Germán Vargas Lleras, exmagistrados como Hernando Herrera y Álvaro Orlando Pérez y exfuncionarios de la Fiscalía como Alfonso Gómez Méndez y José Fernando Perdomo.
La comisión conformó cinco grupos de trabajo o subcomisiones, así:
- la primera subcomisión se encarga de asuntos penales y penitenciarios
- la segunda estudia procedimientos administrativos, laborales, de métodos alternativos de resolución de conflictos, entre otros.
- La tercera subcomisión analiza temas de justicia inclusiva y diferencial para promover una justicia cercana a la ciudadanía.
- La cuarta subcomisión tiene a su cargo la estructura del poder judicial y temas presupuestales
- La quinta subcomisión analiza los asuntos que requieran reformas constitucionales.
El ministro ha invitado a la sociedad colombiana “a seguir de cerca este proceso. Las propuestas generadas por esta Comisión contribuirán a la construcción de un sistema judicial más justo, accesible y confiable para toda la ciudadanía”[2].
Desde esa perspectiva urge señalar que el ciudadano no tendrá confianza en la justicia mientras ésta no sea pronta y expedita y se solucionen los problemas de corrupción que han afectado la credibilidad y que la virtualidad no ha resuelto. Y no me refiero solamente a la gran corrupción de magistrados de altas cortes como fue el denominado cartel de la toga sino a la normalización del cambio de favores y propinas entre empleados judiciales y abogados que afecta la impolutez con la que debe administrarse justicia en todas las áreas del derecho.
La oportunidad en las acciones y decisiones es vital en la credibilidad que pueda tener la justicia para el ciudadano. En reformas anteriores se han revisado procedimientos para lograr avances con mayor celeridad, pero esto tropieza con la permanente saturación de la rama judicial que, en muchos casos, es justificación, a veces falsa y a veces real, para que los procesos no avancen en los términos que fijan las normas.
En el caso de la justicia penal, la Fiscalía obligada por ley a investigar todos los delitos denunciados, viene negándose en la práctica y de manera sistemática a adelantar investigaciones en las denominadas pequeñas causas que son las que afectan al ciudadano común. Los múltiples casos de intolerancia social que culminan en riñas y lesiones personales de corta incapacidad, los hurtos a residencias, los hurtos callejeros y en general, los delitos que afectan día a día la vida ciudadana no están siendo investigados pues no son “connotados” ni relevantes y no sirven para escándalos periodísticos. Eso debe cambiar en la administración de justicia penal y para eso más que una comisión de reforma bastaría con la voluntad y decisión de la nueva fiscal en el sentido de darle importancia al ciudadano corriente que espera de la justicia lo que ella no le entrega o que, en el peor y más corriente de los casos, se abstiene de acudir a ella porque tiene la certeza de que su querella o denuncia no prosperará.
Para la justicia rogada, es decir la civil, administrativa, de familia y laboral, la morosidad de los procesos es total denegación de justicia. Mucha de la conflictividad social que podría resolverse por vía judicial llega a las vías de hecho por la ausencia de decisiones oportunas.
Cuatro elementos son necesarios para que el ciudadano pueda confiar en el aparato judicial:
- Una estrategia clara para combatir la corrupción en los despachos judiciales.
- La certeza de que cualquier solicitud ciudadana tendrá algún pronunciamiento razonado y oportuno.
- Facilidad en el acceso a las rutas orientadoras de los procedimientos que pueden surtirse ante la justicia.
- Imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones.
Además de los grandes temas de reforma que están a cargo de las subcomisiones, cada una de las cuales presentará un proyecto de reforma como está previsto, es importante que, de manera transversal, se tengan en cuenta los aspectos mencionados.
Para atender la invitación del ministro de Justicia de que la ciudadanía esté cercana a los proyectos de reforma a la justicia, sería necesario que existiese más difusión y pedagogía sobre los avances alcanzados hasta ahora. La participación ciudadana es vital en este proceso de reforma pues no basta con los expertos en funcionamiento de la justicia, sino que es necesario escuchar al ciudadano que, buscando el acceso a la justicia, más que obtenerla, la sufre.
Adicionalmente a la reforma o proyectos de reforma que sean presentados este 20 de julio que es la fecha que se ha dispuesto, los magistrados de las Altas Cortes, la fiscal General y los jueces y fiscales de todas las jurisdicciones pueden contribuir desde sus despachos a recobrar la confianza que la ciudadanía ha perdido en la rama judicial, si además de ser impolutos, ofrecen coherencia y seguridad jurídica.
En cualquier democracia son los jueces los llamados a reparar la violación de cualquier derecho ciudadano, incluidos los derechos humanos y cuando la población ha perdido confianza en ellos, se produce una incidencia negativa en la convivencia pacífica de las sociedades. Por ello lo más importante en la reforma que se avecina es que la ciudadanía pueda tener derecho a la justicia, obtenga respuestas adecuadas y crea en ella.
Sin duda al propósito de una justicia independiente e imparcial contribuirá la nueva fiscal General que esperemos no se concentre solo en los casos “connotados”, sino que ordene desengavetar y dar trámite a las miles de denuncias en las que a tantos ciudadanos se les quedó la fe.
__________
[1] https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/las-cifras-mentirosas-de-barbosa?
[2] https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Gobierno-anuncia-Comision-para-la-Reforma-a-la-Justicia-.aspx
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